Primero fueron tibias reflexiones emanadas desde diversos sectores, hasta que Gabriel Mariotto lo dijo con todas las letras y puso el tema sobre el pupitre. El extendido paro docente colmó la paciencia del oficialismo, y el vicegobernador alimentó las llamas de la discusión con una propuesta a “tratar una vez que se solucione el conflicto salarial”. La iniciativa genera apoyos y rechazos, además de encuadrarse en un intrincado marco jurídico.

Disparar la idea de proclamar a la educación como un servicio público esencial es, en la coyuntura, un instrumento más en el cruce de presiones entre el Estado y las entidades sindicales. El Ejecutivo tomó con rapidez la idea del vicegobernador, bancó su discurso y prometió dar esa batalla después de arribar al fin del tire y afloje por los sueldos. Los responsables sindicales dicen que la propuesta, lejos de amilanar tensiones, las acrecienta, y confían en que el asunto se olvide una vez cerradas las paritarias.

Sin embargo, Mariotto no suele retroceder así nomás, y el gobierno busca desde hace mucho la alternativa para limitar el principal armamento de los gremios docentes a la hora de los reclamos. Se promete en el oficialismo avanzar en alguna salida “que no deje de rehenes a los chicos en cada comienzo del ciclo lectivo”.

“De alguna manera debe encontrarse una solución para evitar que los alumnos estén más de diez días seguidos sin clases”, se escucha en ámbitos oficiales; pero será complicado prosperar con la iniciativa en la Legislatura.

El primer paso sería tratar la derogación del artículo 18 de la ley provincial de Paritarias Docentes (13.552), logro de las entidades sindicales luego de otra feroz puja con el gobierno de Felipe Solá, en 2006. Allí se compromete la Provincia a no declarar nunca a la educación como servicio esencial.

Ese, no obstante, es sólo un primer paso para sortear otros laberintos jurídicos donde entran en discusión los alcances de resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sus consecuentes interpretaciones, argumentos constitucionales y fina lectura de leyes provinciales y nacionales, además de una revisión de otras constituciones y normativas que permiten a países latinoamericanos colocar a la educación en el marco de los servicios públicos esenciales.

“Respetando las paritarias, respetando la opinión crítica de los docentes, y con una mirada restrospectiva de lo que ocurrió en los últimos tiempos, a mí me parece que es momento de cambiar el paradigma”, asegura Gabriel Mariotto. Agrega que pretende poner en la mesa de discusión “la posibilidad de declarar a la educación como un servicio público esencial”, para permitir un reclamo ordenado de los docentes y “con los niños de guardapolvo blanco dentro del aula”.

Cuando el vicegobernador lanzó la polémica propuesta, estuvo lejos de ser impulsado por un arrebato. Una serie de interpretaciones legales por parte del equipo legislativo del Senado le dio los elementos argumentativos para salir a dar la pelea. Supo desde el primer momento del rechazo sindical, y de las duras respuestas que vendrían.

Enseguida, los sindicatos pusieron por encima de todo la declaración de la OIT acerca de cuáles son los servicios consagrados como esenciales que restringen los paros totales de actividades en determinadas actividades. El contraataque lo realizan con el pedido de formalización de un tribunal arbitral, por el cual se limita el poder de negociación del ministerio de Trabajo bonaerense.

Las entidades gremiales dicen que la cartera actualmente conducida por Oscar Cuartango “no puede ser juez y parte: sentarse a la mesa, hacer la propuesta y luego dictar la conciliación obligatoria”. Es el principal fundamento para pedir la sanción del tribunal arbitral habilitado por la Constitución bonaerense pero nunca aprobado en la Legislatura.

Con celeridad, los bloques de senadores y diputados del Frente Renovador anunciaron la presentación de un proyecto para regularizar la situación. Sin embargo, y aun cuando el radicalismo dice haberlo pedido con anterioridad, ya existe en el parlamento legislativo una iniciativa en el mismo sentido, impulsada por el propio gobernador Scioli.

¿Se podría negociar en las cámaras de representantes la formalización del tribunal arbitral por la limitación de las huelgas? Desde el punto de vista de los trabajadores se descarta de plano, y en la Legislatura, las pujas entre el oficialismo y la oposición se hacen cada vez más difíciles de sortear.

Derecho humano

“Nuestra Constitución provincial establece con claridad, en un concepto muy abarcativo, muy general y muy profundo, que

la educación es un derecho humano fundamental. En ese contexto, declararla servicio público esencial es posible”, responde Gabriel Mariotto cuando se le pregunta por el camino a seguir en la búsqueda del objetivo. Poner la supremacía del derecho humano por sobre el derecho a huelga es una estrategia fundamentada también en conceptos constitucionales y de pactos internacionales.

Cierto es que el concepto de “servicios esenciales” en el sentido estricto del término ha sido objeto de sucesivas discusiones, dictámenes y precisiones por parte de los órganos de control de la OIT. Y si bien taxativamente se ha considerado a la educación fuera de ese rango, también es materia de análisis la salvedad que la propia Organización Internacional del Trabajo hace acerca del derecho de los países miembros a considerar como servicio esencial alguna actividad cuya interrupción pudiera ocasionar daño a la población.

Los defensores de la postura de Mariotto recurren al derecho comparado y a las normativas vigentes de otros países, la mayoría de habla hispana. El ícono es Ecuador, donde en la propia Carta Magna se declara a la educación como servicio esencial, junto a otras prestaciones tampoco consideradas esenciales por la OIT. El país no dejó por ello de ser miembro de ese organismo mundial.

Pero, fundamentalmente, la idea del segundo de Scioli en la Provincia, y de su equipo, busca los cimientos en el marco jurídico argentino. Un artículo en tal sentido es el 42 de la Constitución Nacional. El mismo señala que “la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios, y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.

También se recurre a la ley nacional de Educación 26.206, cuyo artículo 2 indica que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado”. Bien público es aquel que es provisto por el Estado, una forma moderna de denominar a los servicios públicos esenciales.

“Siendo la educación un servicio público competencia de las provincias, no existe impedimento constitucional alguno para que una norma provincial declare que la educación es un servicio esencial de la comunidad y a continuación regule su

ejercicio estableciendo servicios mínimos”, aparecería como justificación en la redacción de un proyecto en vías de elaboración.

La existencia de una normativa al respecto en la provincia de La Rioja funciona además como un antecedente clave.

Claro está que la reglamentación del ente mundial del trabajo es para la organización sindical una biblia, de la cual no se correrán, y buscarán por todos los medios evitar cualquier blasfemia por parte de los estados nacionales o provinciales. Las argumentaciones constitucionales también están muy estudiadas por parte de los sindicalistas.

Si el poder de turno avanza en la idea de condicionar los paros, desde las agrupaciones docentes prometen dar una lucha sin cuartel, incluso a costa de más huelgas y de la apertura de un nuevo conflicto.

La pulseada está en ciernes. Quedará en la nada si después de la agitada negociación salarial de estos días el Estado bonaerense tiene las fuerzas desgastadas para emprender otra lucha con los maestros. Será para alquilar balcones si la idea de Mariotto, que el sciolismo vio como positiva en primera instancia, es llevada al terreno de la concreción con el ánimo de provocar una especie de revolución en el derecho laboral.