Cuando nosotros nos hicimos cargo se definieron tres ejes a los que circunscribimos nuestra acción: uno es educación para todos, que implica un profundo cambio en la construcción del deber ser de la educación. En el 2006 cuando se aprueba la nueva Ley de Educación (26.206) se incluye a la escuela secundaria como obligatoria para todos. En esa misma ley se prevé la ampliación progresiva del jardín para 4 años. Todo esto estaba expresado como un deseo, pero no tenía un anclaje en las estructuras del Estado. Entonces, nos parecía fundamental reafirmar este compromiso de educación para todos.

El otro eje es la calidad. Creemos que no podemos hablar de calidad sino están garantizadas las condiciones materiales de la sociedad que se educa. En este sentido son varias líneas de acción para mejorar las condiciones de acceso a la educación como la extensión de la jornada en las escuelas primarias.

Estas reformas generaron algunos conflictos internos, lo último fue en el nivel superior a partir de la decisión de concursar las horas cátedras.

Uno a la educación la puede entender como se venía haciendo: como una caja para dar soluciones a los problemas de la política partidaria para transformarlo en una caja clientelar. Entonces, aparece una sobreabundancia de cargos, una mala distribución de recursos y un sistema educativo que no sabe cuál es el horizonte. Hemos heredado todo el sistema educativo sin diseños curriculares con una superestructura burocrática con muchos recursos humanos pero con baja eficiencia en términos de calidad.

¿Y por qué se dio esta situación?

Porque la educación era entendida como una fuente de recursos para dar respuesta a políticas partidarias y no a las políticas públicas.

Y con esto me refiero a los 20 años del FCS, donde se ha hecho de Educación una sobredimensión estructural. Nosotros tenemos 17 mil agentes, de los cuales hay 15 mil que cobran del área y dos mil que por licencia o por otros factores no cobran pero que dependen de Educación. Si con esta estructura tuviéramos un sistema que es eficiente desde lo pedagógico, habría que aplaudirlo, pero es todo lo contrario.

Queremos hacer una transformación orientada hacia la calidad y sin duda que nos vamos a encontrar con estos nichos clientelares que generan una gran resistencia.

En este marco, se entiende lo que pasó en Educación Superior. Se titularizaron a personas que estaban en carreras que ya habían finalizado. En 2010 se habían dejado de dictar las carreras y se las titulariza en julio de 2011. Es decir se las titulariza en algo que ya había dejado de existir.

Por ahí, pareciera que estamos atacando la estabilidad docente, y esto no es así. No vamos a ser nosotros lo que vamos a atentar contra los derechos laborales o los derechos civiles. Lo que sí vamos a hacer es realizar una reparación donde haya injusticia.

¿ Cómo se resolvería esta situación dónde hay titulares que tienen garantizada la estabilidad pero que no tienen los perfiles de las carreras que ahora se dictan?

El problema es que el Estatuto del Docente (artículo 22) hace alusión a la escuela primaria o secundaria y no el superior. Para el Estatuto no hay estabilidad en superior. El problema es que aquí hubo una titularización masiva. Hay un decreto de julio de 2011, cuando el FCS ya había perdido las elecciones, que tiene varias aberraciones con la clara intención de dejar un campo minado a la gestión que venía.

En el sistema superior la práctica es que se acceda por concurso. Lo que hace este decreto es generar privilegios para un sector que tendrán la posibilidad de ser reubicados mientras dure su carrera docente contra otros que tendrán que someterse permanentemente a concurso. Lo que intentamos hacer es poner en práctica la resolución 72 del Consejo Federal porque también hay otro detalle. Todos los institutos tienen que acreditar y para que la acreditación sea efectiva necesitamos que los docentes ingresen por concurso.

Estamos en una encrucijada, si nosotros decimos que nuestros docentes no concursaron es posible que no nos acrediten, por lo tanto, nuestros títulos pueden que no tengan la validez nacional. Éste es el sentido, pensamos en el bien general y los derechos subjetivos que se hayan generado los subsanaremos de algún modo.