Rodríguez Carer se defendió de las acusaciones que pesan sobre su actuación en el Consejo Escolar.Verónica Rodríguez Carer, presidenta del Consejo Escolar, se acercó a la redacción de este medio para entregar una carta de lectora; una copia de una extensa nota que envió al director de Consejos Escolares Provincial y decenas de fotocopias de actas de sesión, sumadas a planillas de asistencia.

Lo hizo en un marco de un derecho que nadie le había negado: la réplica a la denuncia pública de los consejeros escolares Fabio Aranda, Gustavo Palacios y Cristina Locastro, en la que hablaron –también con enorme cúmulo de documentos respaldatorios- de manejos irregulares en el organismo con sede en San Martín 1072.

Como se recordará, los denunciantes afirmaron que las autoridades del cuerpo esquivaron la estructura legal para aprobar gran cantidad de obras y realizar pagos que jamás pasaron por las sesiones del cuerpo. Detrás de ese accionar, mencionan empresas carentes de documentación que respalde su actividad y sospechas de favoritismo a la hora de elegir con quién trabajar.

Rodríguez Carer redactó cinco carillas enviadas al funcionario Gonzalo Bagú. En el tercer párrafo de esa respuesta, la funcionaria local expone lo que sigue siendo materia de sospecha, a pesar de las declaraciones públicas que realizó la intendenta Graciela Rosso y las escuetas explicaciones que, hasta este descargo, venían haciendo las denunciadas.

"Las consejeras escolares Verónica Rodríguez Carer, Miriam Duo y Graciela Bianchi fuimos denunciadas precisamente por haber atendido no sólo los requerimientos de las instituciones educativas para el inicio del Ciclo Lectivo 2011 sino también por estar comprometidas con lo que implica llevar adelante nuestras funciones, actitud que los denunciantes bien conocían y que no llevaban a cabo. Es decir, ante la modalidad de no dar quórum nos encontramos frente a la necesidad de decidir si atender las demandas solicitadas al Consejo Escolar de Luján o bien no dar respuestas por no contar con quórum necesario para tomar las decisiones correspondientes; con lo cual corríamos el riesgo de no poder garantizar, en lo que nos competía, el inicio del mismo. La actitud que tomamos entonces fue la de dar las respuestas requeridas", detalla el descargo de Rodríguez Carer.

En ese texto aflora el eje de los argumentos de los denunciantes y la discrepancia respecto del quórum. En principio, la presidenta del Consejo termina admitiendo que las respuestas se dieron por fuera de los carriles reglamentados pero se escuda en la demanda de los establecimientos y en la falta de quórum. Sobre esto último, serán las autoridades provinciales las que determinen quién dice la verdad.

Los consejeros denunciantes afirman que sólo faltó quórum en escasas sesiones. Por el contrario, Rodríguez Carer expone las fotocopias del libro de sesiones y subrayó que en muchas sesiones "los consejeros se fueron antes y consta en las actas. Si te vas más de 15 minutos antes de que termine la sesión, te corre falta", explicó. Midiendo las inasistencias con esa vara, aparece la gran cantidad de sesiones sin quórum. Y eso es lo que detalla Rodríguez Carer en la nota que el 23 de mayo le envió al director de Consejos Escolares provincial.

Con todo, las autoridades del Consejo Escolar siguen teniendo escasos argumentos para explicar por qué si el quórum era un problema, todas las aceptaciones de obras, presupuestos y posteriores pagos no se pusieron a consideración de los consejeros escolares en las sesiones siguientes.

En el descargo, Rodríguez Carer también arremete contra los denunciantes porque, según su versión, "tomamos conocimiento de lo denunciado primeramente por los medios periodísticos y de comunicación de nuestra ciudad antes que pudiéramos tomar vista del expediente de referencia". Agrega, en ese aspecto, que los denunciantes buscaron presentar un hecho de "presunta corrupción" y que "citan obras, empresas, trabajos realizados, quejas, funcionarios y documentación que en la denuncia presentada oficialmente no constan".

En relación con los casos puntuales denunciados por Aranda, Locastro y Palacios, Rodríguez Carer aportó algunas explicaciones. Una apunta al caso del Centro Educativo Complementario anexo Olivera y un costoso arreglo de un cielorraso. "Se realizó una obra por necesidad y urgencia que efectivamente tuvo un costo de $12.000 pero no es cierto que la directora se negó a firmar la boleta y que por ello el pago se realizó con la firma de la presidenta del Consejo", asegura la titular del Consejo, quien aclara que "la directora estaba de licencia". Añade 26 copias de distintos documentos para justificar cómo se gestó, aprobó y pagó la obra a la empresa ATDO.

La construcción de las rejas en las ventanas de la Escuela 7 también consta en el escrito de las autoridades del Consejo. Sobre ese tema indican que "la decisión de realizar dicho trabajo tuvo que ver con la necesidad de resolver lo requerido por el establecimiento educativo durante todo el 2010" y con "actos de vandalismos y constante rotura de vidrios". En este caso, afirman que la obra tuvo un costo de $9.600 y que se informó en la primera sesión del cuerpo después del receso. 14 copias de documentos intentan justificar el modo de actuar ante esta obra.

Rodríguez Carer también redactó una desmentida sobre una limpieza del pozo de la Escuela Industrial. Según ella, en las planillas de Solicitud de Fondos del Programa de Descentralización de la Gestión Administrativa desde el mes de abril de 2010 hasta abril de 2011 "no figura que se haya pagado un monto de $6.000 para desagotar ese pozo".

En otro párrafo afirma: "No existen registros de haber abonado montos superiores e inusuales para las refacciones llevadas a cabo en la Escuela 16 como tampoco quejas de las directoras de los establecimientos educativos respecto de la calidad de los materiales utilizados por las empresas ATDO, Lurojo e Integral".

La funcionaria aseguró que pidió la intervención del organismo y que, en todo caso, la instruyeran sobre sanciones pertinentes ante la seguidilla de inasistencias.

Por último, dijo que el ingreso de su hijo al Jardín Maternal María Niña se dio como en cualquier caso vecinal, esperando una vacante. "Y desde Inspección me aseguraron que la prioridad la tienen los hijos de mamás que trabajan, cualquiera sea su ingreso".

También admitió la necesidad de transparentar las relaciones con los proveedores de los comedores escolares. "Eso lo maneja de modo directo cada cooperadora y en muchos casos cambian de proveedor", dijo Rodríguez Carer. Por ello se estarían actualizando las contrataciones.

Volvió el expediente

Tal como había adelantado este medio, el expediente con la denuncia de Aranda, Locastro y Palacios regresó al Consejo de Luján porque los mencionados no habían tenido oportunidad de explicar los conceptos de su presentación.

El documento llegó el martes pasado y los consejeros tendrían hasta fines de la semana próxima para redactar todas las consideraciones que crean conveniente, a fin de ratificar los términos de su denuncia.