Predios que se subdividen, se lotean y se publicitan como “magníficas” oportunidades para pequeños y medianos inversores, sin reparar en el detalle de la inscripción legal de tal emprendimiento; lotes como estos últimos en los que, de un día para el otro y cuando muchos ya pagaron su primera cuota a la inmobiliaria, aparece un dueño con todos los papeles en regla; usurpaciones que se incentivan desde diferentes sectores para perjudicar a la gestión de turno; delincuentes de guantes blancos que venden lo que no les pertenecen y consiguen que otros delincuentes de guantes blancos redacten documentación apócrifa; estafadores que se aprovechan de la necesidad ajena; funcionarios que no comprenden el daño que pueden hacer con su indiferencia ante la ocupación o comercialización irregular de terrenos. Y siguen los ejemplos.

En ocasiones, el rol desde sectores del Estado ha sido mucho más nocivo. Hace años, un concejal justicialista -al que no nombramos porque ya no puede defenderse- se sentaba en su banca todas las mañanas y desde allí entregaba papelitos con la ubicación para que un grupo de vecinos se instale en la Manzana 9B del barrio Lanusse. Fue así como se estableció un caserío precario en una zona inundable y, pequeño detalle, con propietario. Pasaron muchos años de incertidumbre hasta que se logró destrabar el conflicto.

Otros vecinos aún esperan que otro edil pejotista y comerciante les facilite el acceso a escrituras en terrenos que vendía en Pueblo Nuevo.

Sin irnos tan lejos en el tiempo, el ex intendente Miguel Prince se instaló en diez lotes del barrio Los Paraísos, construyó su vivienda y asegura tener todos los elementos para justificar su desembarco en esa zona.

Hoy la Justicia trata de determinar qué fue lo que sucedió, porque hay un propietario que reclama por esos espacios. Y más allá del mar de especulaciones políticas, partidarias y electorales, la documentación que tire por tierra las sospechas sobre usurpación que pesan en el ex mandatario siguen sin aparecer.

Todo lo mencionado ocurrió y ocurre en el partido de Luján. Sólo algunos de esos hechos, que se tramitan en la Justicia, fueron pasados en limpio esta semana en una conferencia de prensa encabezada por la intendenta Graciela Rosso. Con un dato interesante: en ciertos casos, se señaló con el dedo a sus presuntos autores.

No está mal que el Estado deje de ser espectador ante semejantes acciones. No está mal que el Estado deje de fomentar usurpaciones, desembarcos o comercialización inescrupulosa de espacios, sea cual sea el color partidario de turno. Y fundamentalmente, no estaría mal que la Justicia actúe como corresponde, con total independencia del poder político, una premisa que cuando se mira a Mercedes suena a utopía.