Dirigentes sindicales y opositores hurguetean entre los documentos recientes de la administración de Graciela Rosso para dilucidar si se proyecta ampliar el servicio de recolección de residuos domiciliarios en manos privadas o se mantendrá el actual esquema con una firma “foránea” juntando las bolsas en el casco céntrico, y los camiones y empleados municipales haciendo lo mismo en barrios y localidades.
Son los propios gobiernos los que generan la lógica para terminar asegurando que es conveniente licitar y privatizar el servicio de recolección de residuos, en lugar de sostener la estructura de recolectores bajo la dependencia laboral estatal.
Por lo pronto, basta con reparar en el reciente informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo sobre el estado del Taller Municipal Nº 1 para empezar a comprender porqué el servicio de recolección municipal es, hace más de una década, totalmente deficiente. Con cero inversión es imposible afrontar esa tarea y menos aún cuando el tejido urbano crece.
En estos días se conocieron cifras del gasto proyectado de la gestión Rosso, en las que se revela la intención de gastar un par de millones más que el año pasado en el pago a terceros de ese servicio. Dicen que el costo aumentó y esconden que podrían ampliar los dominios de Multipropósito. Hay quienes creen, también, que había cierta esperanza en acercar a Luján a la polémica empresa Covelia.
Eso sí, el análisis de esta cuestión, tan cara a los números de la administración como a los intereses que defienden los gremialistas y –en especial- al servicio que deben recibir los vecinos, debería quedar exenta la especulación cortoplacista y contagiada de amnesia.
Hoy el sector que bate el parche por la sospecha de más privatización en la recolección es el que se esconde detrás del concejal licenciado Miguel Ángel Prince.
Pero la realidad lo condena o, en todo caso, tendría que invitarlo a un prudente silencio. Fue la gestión de ese mandatario la que inauguró la práctica de la privatización del servicios de recolección de residuos urbanos a través de la aún hoy vigente Terminal Multipropósito, quien le abona a sus operarios salarios del convenio de camioneros y no magros sueldos comunales.
Cuando ejercía la Intendencia, fue el propio Prince el que recurrió a esa firma privada para la recolección céntrica, dejando en manos de los municipales la distribución más antipática y compleja: los barrios con calles intransitables y las localidades, con la mayoría de los caminos a recorrer en la misma condición.
En todo caso, el ex mandatario era coherente con sus expresiones. En octubre de 1996, mientras analizaba qué hacer con el basural de la ruta 192, el propio Prince escribía una nota dirigida a la “Comisión de Asesoramiento Ambiental” en la que admitía que “el criterio que sustenta mi plan de gobierno, con respecto a los servicios públicos, es de concesionar su explotación bajo el contralor del Municipio y de los usuarios”.
Ese extraño libreto de la defensa de los trabajadores municipales privatizando parte de sus tareas, goza de excelente salud durante la actual administración.

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