Pero seamos ordenamos en la respuesta. En primer lugar, amerita aclarar que no se trata de un “Concejo Escolar”; que allí no trabajan “concejeras” o “concejeros” y que, por ende, no existe una “Dirección Provincial de Concejos Escolares”, como indica en reiteradas ocasiones la gacetilla oficial que Prensa Municipal distribuyó el martes por la tarde. Así como la intendenta invita a los periodistas a leer leyes, redundaría en una mejor comunicación que sus vasallos lean lo que escriben y difunden en los medios locales o que en todo caso exista una revisión final por parte de la propia intendenta quien, estimamos, conoce la diferencia entre Concejo y Consejo.

Pero suponiendo que hablamos del mismo Consejo, las explicaciones que se dieron a conocer el martes, poco y nada ayudan a esclarecer lo que se denunció. Por el contrario, se admitió la realización de una serie de obras que consideraron “menores”, pero nada dijeron respecto de sobreprecios o calidad en las mismas y menos aún de la documentación que respalda (o no) a las empresas que las autoridades del Consejo contrataron y solventaron sin el aval que corresponde.

Hablaron de falta de pruebas, sin observar que lo informado por este medio amplió una denuncia que tres consejeros acercaron a la Dirección Provincial de Consejos Escolares y que detrás de cada párrafo escrito hay una pila de fotocopias tomadas de los registros foliados del Consejo, con el detalle de la fecha de cada obra, el nombre de la empresa o prestador, el número de escuela en el que se realizó cada tarea, el número de cheque; el monto del gasto; boletas de los emprendedores beneficiados por el dedo de Carer o Miriam Duo y copias de las actas de sesión, porque sesiones hubo y lo que allí brilló por su ausencia fueron los informes de obras y gastos.

En la rueda de prensa, ni Rosso ni Carer ni Duo mostraron las carpetas de las empresas que trabajan con el Consejo sin compulsas de precios previas. Exponer esa documentación hubiese sido una buena muestra de transparencia.

En todo caso, ante el improbable hecho de que Rodríguez Carer esté cercana a la verdad al mencionar las faltas de los consejeros a dichas sesiones o directamente la carencia de quórum, no hace más que ratificar su falta de idoneidad para manejar la institución. Esas ausencias debieron ser informadas a sus superiores y, en ese caso, el organismo quedaba habilitado para una intervención. Claro que, semejante decisión pondría en riesgo su continuidad laboral y despertaría un pequeño escándalo político fronteras afuera de Luján.

“Hay un tratado que es el San José de Costa Rica que no están respetando, y yo les diría que lo lean. Si alguien hace una denuncia, el otro tiene también el derecho a réplica”, lanzó Rosso en dirección a EL CIVISMO. Debería saber la jefa comunal que ese derecho está cercenado cuando, justamente, se niega el derecho a réplica. Eso jamás sucedió.

Este medio no sólo intentó comunicarse con las consejeras denunciadas con anterioridad a la nota y al editorial que tanto la ofuscaron -pobre de aquellos que a diario necesitan ser atendidos en el teléfono del organismo- sino que después de la publicación ni las consejeras, ni la intendenta ni alguno de sus funcionarios se dignó a hacer uso de ese derecho.

“Si el líder dice de tal evento esto no ocurrió, pues no ocurrió. Si dice que dos y dos son cinco, pues dos y dos son cinco. Esta perspectiva me preocupa mucho más que las bombas” (George Orwell).