Aunque necesarios en lo inmediato, esas propuestas están lejos de abordar temáticas sustanciales para los vecinos. Por ejemplo, abundan las comunicaciones por el estado deplorable de las calles y la falta de mantenimiento de otros aspectos del espacio público en barrios y localidades. En general, son iniciativas alejadas de cualquier controversia, y que en el mejor de los casos sólo activan infecundas chicanas políticas.

Sin embargo, desde mediados del año pasado duerme una siesta que ya lleva varios meses un proyecto presentado por el Partido Socialista, fuerza que no tiene representación en el Concejo. La presentación apunta a poner un límite a las fumigaciones con agroquímicos en las zonas urbanizadas, una problemática de salud pública con consecuencias concretas y probadas en otros puntos del país, pero que para los concejales y el gobierno lujanense parece tener una importancia menor.

El crecimiento sin planificación de la mancha urbana y el empleo de productos de alta toxicidad en la agricultura son dos factores directamente relacionados que ponen en serio riesgo a un gran número de vecinos del partido.

Tanto los antecedentes como el presente de muchos pueblos del interior muestran claramente los peligros sanitarios a los que se exponen aquellos habitantes cuyas viviendas limitan con campos sembrados con soja. Esas experiencias incluyen enfermedades respiratorias y de la piel, y casos de nacimientos con malformaciones que no tienen origen genético.

También existen sobrados estudios realizados por reconocidos científicos que cuestionan al glifosato y sus derivados, por ser poderosos venenos que además de matar todo vestigio de vida vegetal y animal (a excepción de la soja que está manipulada genéticamente para soportar el herbicida), ocasionan diferentes problemas de salud para las personas.

En Luján, varios vecinos padecen distintos niveles de inconvenientes por las fumigaciones que se realizan en campos cercanos a sus casas. Desde olores intensos hasta sensaciones de asfixia e irritación en el sistema respiratorio. Pero ninguno fue convocado por la Comisión de Salud del Concejo para exponer sus experiencias. En cambio, cuando empezó a tratarse el proyecto, los concejales no dudaron en convocar a representantes del sector agropecuario.

Por aquellos días, varios bloques recibieron las visitas de dirigentes de ARPAE. También en ese momento, el presidente de la entidad rural, Guillermo Andelique, salió a manifestar los beneficios del glifosato, producto al que llegó a elogiar por ser responsable de “disminuir el hambre en el mundo”. Al margen de esas apreciaciones carentes de fundamentos, como era de esperar, el sector no dudó en anteponer los abundantes beneficios económicos que generan los cultivos de soja por sobre la salud pública. Pero el verdadero interrogante apuntaba a saber si los concejales tomarían la misma posición o darían premura a un proyecto que pone una barrera a los riesgos ciertos que existen para los vecinos de áreas fumigadas.

La respuesta a esa pregunta puede rastrearse en la suerte que corrió la propuesta del PS. A pesar de las promesas del concejal Roberto Monzón, el tema prácticamente desapareció del Concejo Deliberante. Apenas ingresó un nuevo proyecto del oficialismo que también establece distancias entre las zonas urbanas y las permitidas para fumigar, aunque parece lejos de entrar a tratamiento. A todo eso se suma la falta de controles municipales sobre las fumigaciones y de atención a los problemas que dicen padecer muchos vecinos.

Por el momento, los concejales prefieren seguir abocados a pozos y calles anegadas. Saben que poner un límite a las fumigaciones implica entrar en conflicto directo con un sector que, en muchos casos, cuenta con representantes que son a su vez socios políticos de algunas fuerzas que integran el Concejo.