Es decir, que los ilícitos pasen a interpretarse como una causa común, como un mal generalizado y que sean el comentario en cada charla vecinal. Menos aún se querrán permitir que esa sea la temática cotidiana en un año electoral.

Pero en la intimidad de las decisiones, la gestión de Graciela Rosso sabe que dilapidó todos sus años de gobierno sin lograr construir una política o un proyecto en tal sentido. Por eso es que se empecinan en presentar como la panacea la colocación de un puñado de cámaras urbanas y la creación de un centro de monitoreo (COM) reforzado por camionetas piloteadas por ex agentes de fuerzas de seguridad.

Hasta ahora, eso sólo permitió atrapar a un puñadito de “ladrones de gallinas” y generó alguna que otra imagen para los canales de noticias. Es decir, se está lejos aún de tener en esa propuesta un trabajo firme y duradero en pos de la seguridad urbana.

La otra realidad en materia de seguridad ciudadana se escribe desde el ámbito policial, donde el interés es similar al que ocupa a las autoridades políticas. A “los azules” los desvela que el área de su jurisdicción no sea considerada insegura y que, en todo caso, las estadísticas que llegan a sus superiores sean “aceptables”.

Entre esas dos orillas es mucho lo que sucede y esos hechos son los que construyen, efectivamente, la realidad en materia de seguridad.

El gobierno de Rosso eligió construir una estructura para tal demanda con un plantel complicado. Jubilados de distintas fuerzas de seguridad que, según fuentes oficiales, llegaron a protestar porque se les impedía utilizar armas de fuego. A meses de las elecciones que pueden definir el fin de su mandato, Rosso decide cambiar la estructura y quién debe darle directivas. ¿Tardó tres años en notar la carencia?

Pero tampoco se avanzó, como constaba en las promesas, en la instalación de una maraña de cámaras de monitoreo en el centro, los accesos, algunos barrios y en cada localidad. En palabras oficiales, no se superó la instancia de prueba.

Mucho menos se pensó en el modo de lograr una colaboración mutua con la Policía. Posados sobre un margen los caprichos personales de la jefa comunal –ya hemos escrito sobre su incursión en la designación o alejamiento de comisarios- la fuerza está abandonada a la suerte de lo que decida financiar el gobierno provincial. Rosso jamás tuvo en su mente organizar algo similar a lo que supo ser el Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana para aportar recursos a las arcas policiales. Por pensarlo similar, mentalmente ya lo etiquetó como princista y los mandó a su papelera de reciclaje.

Si bien es cierto que aquel Consejo trabajaba bajo las directivas del Departamento Ejecutivo sin un atisbo de autonomía; que la participación ciudadana era un disfraz mediante el cual el gobierno de turno sólo involucraba a entidades adictas, y que el manejo de fondos mereció decenas de observaciones, la recaudación que se lograba a través del bolsillo de cada vecino redundaba en mejoras concretas: móviles y combustible, sin mucha más vuelta.

De la Policía no se pueden esperar milagros. Seguirán, como manda su diario accionar, realizando alguna que otra detención menor; desbaratando ilícitos de poca monta; aportando nombres para que la Justicia cite a declarar a los que cortan una calle; con suerte, frenando las picadas en el Acceso Oeste; y mirando de reojo lo que realmente puede complicarles el día.

Sin autoridades con la firmeza necesaria para las decisiones políticas y con una Policía “en piloto automático”, difícilmente se registren cambios significativos. No se trata, en el fondo, de cambiar comisarios o unificar el cuadro de inspectores del COM. Se trata de saber y ejecutar una auténtica propuesta de seguridad, multisectorial, educativa y participativa.