Por eso es que cada vez que en esta zona asomó la cabeza algún personaje rentado del OPDS -antes llamado de otras elegantes maneras- recibe la ira de los representantes de las ONG’s. Sabrán, de última, que parte de lo que cobran contempla su función de "punching ball" para mantener inmaculada la imagen del gobernador y los más altos funcionarios.

Los dirigentes del OPDS se ponen a escuchar a los vecinos con cara de sorprendidos. Los más caraduras, incluso, se mofan de 15 años de lucha contra una contaminación constante y hasta ponen en duda las molestias que genera la curtiembre, como el olor a podrido por citar la más irritante.

Estas marionetas con título suelen expresar: "Nosotros medimos los olores"; "Nosotros vamos a medir"; "Hemos clausurado"; "Dígannos en qué laboratorio confían y hacemos los estudios ahí"; "Se estudiaron los efluentes líquidos y dan dentro de los parámetros permitidos"; "No corroboramos ninguna denuncia de olor de las radicadas por los vecinos"; "La empresa tiene derechos adquiridos". Y la frase más utilizada: "Nosotros no podemos hablar de lo que ocurrió antes de nuestra gestión". Si todo sigue como hasta ahora, lo mismo dirán los funcionarios que los sucedan en próximas gestiones, en próximas conformaciones del OPDS. Es una estrategia que funciona al dedillo.

Por esa razón es que quienes logran esquivar la maraña tramposa que vienen a tejer los funcionarios provinciales, durante años apañados por dirigentes locales –¿o acaso habrá que entender como casual la ausencia en la reunión del miércoles del concejal y ex intendente Miguel Prince y dos de sus compañeros de bancada?-, cortan los caminos para las excusas y las dilaciones.

Si se actuara con decisión política y con total transparencia, pero en particular priorizando el derecho a la vida por encima de cualquier otro "derecho adquirido", las acciones son muy claras.

En primera instancia, dejar de buscar todos los vericuetos legales y técnicos para aprobarle a esta industria el Certificado de Aptitud Ambiental. Sin ese documento, la empresa no puede funcionar. Y hasta la ceguera del OPDS puede ver que este apéndice argentino de Italian Leather Group no produce en condiciones que ameriten la emisión de ese certificado. En noviembre de 2007, entre gallos y medianoches, Curtarsa consiguió el certificado con 22 condicionamientos. Hoy los funcionarios del OPDS que desembarcaron en Luján no saben decir cuántos de esos puntos logró corregir. Tampoco los funcionarios locales lo preguntaron con énfasis.

La otra acción, ligada a la anterior, es más contundente: trabajar por la relocalización. Para ello no hace falta analizar la letra chica de ninguna norma. Basta un poco de sentido común y de mirar dónde funciona la industria, rodeada de un pueblo más que centenario.

En tiempos de crisis, el entonces intendente Prince solía anteponer las fuentes de trabajo por encima de cualquier otro derecho. Y los reclamos chocaban contra las autoridades nacionales, provinciales y locales. Hoy, la gestión local dijo públicamente que garantiza el trabajo de todos en caso de cierre de la curtiembre. Si cumpliera, sería una excusa menos.

Para la otra acción posible, hacen falta condiciones hoy inexistentes: que Curtarsa se vaya a Italia, de donde proviene. Y allí intente producir en las condiciones que impone aquí, en complicidad con las autoridades políticas.

¿Y mientras tanto? Las autoridades locales, con las normas en la mano, podrían molestar, y mucho, a esta industria contaminante. Por lo pronto, apostando a sus inspectores en sus ingresos y egresos para controlar a sus camiones con cueros y residuos semisólidos.

No es tan complejo el panorama si se lo aísla de maniobras rastreras.