Entre otros motivos, la empresa de energía fue sancionada por no mantener los niveles de tensión; por la frecuencia y la duración de los cortes de luz; por tardar en brindar una respuesta a los pedidos de conexión; por errores en la facturación y demoras en la atención y respuestas a los reclamos del usuario, informaron oficialmente.

Las cinco resoluciones se emitieron el viernes y el lunes fue notificada la distribuidora con sede en Cipolletti.

De los períodos analizados surge que entre marzo y agosto de 2010 Edersa no respetó el apartado donde se estipula que el servicio debe prestarse de un modo tal que los usuarios no sufran cortes de electricidad superiores a los 3 minutos. Se aplicó una multa de 1.351.995 pesos.

En el mismo lapso de tiempo, además, se detectaron niveles y perturbaciones de tensión fuera de los límites de tolerancia admitidos por lo que se resolvió una sanción de 726.395 pesos.

Entre septiembre de 2010 y febrero de 2011 también se registraron interrupciones en el suministro que excedieron el lapso tolerado por el contrato de concesión, por lo que le corresponde a la distribuidora una multa de 2.207.342 pesos. Lo mismo ocurrió con el último semestre analizado que va de marzo del 2011 a agosto del 2011, por lo que la multa aplicada es de 2.007.375 pesos.

En otra resolución se inspeccionaron los períodos semestrales que van entre septiembre del 2008 y agosto del 2010. Se detectaron excesos en los plazos que estipula la normativa vigente para efectuar conexiones a los usuarios, así como también ante pedidos de recolocaciones de sus correspondientes medidores. La multa en estos casos fue de 2.223 pesos.

Los montos de las multas aplicadas son cobrados mediante un crédito en la factura de los usuarios perjudicados. Cuando no es posible individualizarlos, el monto de las multas se distribuye entre la totalidad de los usuarios.

Está determinado que el EPRE no perciba dinero alguno de la sanciones aplicadas en ningún caso. Esta serie de multas es equivalente a todas las sanciones aplicadas durante el 2012. Y se conocen justo cuando el gobierno provincial amenaza con estatizar nuevamente el servicio.