El trámite ya se inició y es otra derivación del congelamiento tarifario que rige en el sector eléctrico al menos hasta el 31 de diciembre. A los reclamos por la demora en la llegada de los $ 200 millones desde la Nación para obras, según lo promete el Programa de Convergencia (a falta de 20 días para su término se liquidó sólo el 11%), ahora se suma otro planteo: Edemsa pretende suspender el pago de sanciones por fallas en la prestación del servicio, que semestralmente evalúa el EPRE y hasta ahora acumulan más de $ 74 millones pendientes de liquidación, hasta tanto se produzca la demorada revisión de cuadros tarifarios y VAD (Valor Agregado de Distribución), ítem que define los ingresos de las distribuidoras.

La solicitud de Edemsa apunta a “dejar sin efecto el sistema de sanciones por calidad de servicio técnico, comercial y demás sanciones aplicables, y anular todas las sanciones pendientes de reintegro a usuarios y de acreditación al Fondo Provincial Compensador de Tarifas y a la Cuenta de Acumulación hasta tanto se ponga en vigencia efectiva el procedimiento de adecuación del Valor Agregado de Distribución, aprobado por Decreto N° 1.569/09”.

Los montos en juego no son menores. Por las fallas en la prestación del servicio correspondiente a la Etapa 1 de Control, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aplicó a la distribuidora una sanción global de más de $ 52 millones, de los cuales aún  resta cancelar $ 10 millones, la mitad de los cuales están cuestionados por Edemsa. A setiembre de 2014, en el registro del ente figuran unos   $ 42 millones acreditados (entre bonificaciones a usuarios, Fondo Compensador y una cuenta de acumulación).

En lo que respecta a la Etapa II, las multas a Edemsa se incrementaron demasiado: está al tope de las sanciones con $ 79,9 millones por pagar, pero el cumplimiento cayó drásticamente al 15 %. Visto por sector, las acreditaciones a usuarios, según el EPRE, fueron    $ 12,5 millones de casi $ 60 millones impuestos, mientras que el ingreso comprometido al Fondo Compensador, de $ 18,7 millones pendientes, es 0.

Si bien en principio el Ministerio de Energía desestimó la intentona de la empresa, los argumentos esgrimidos se apoyan en el resultado de los últimos controles. “La suspensión solicitada por Edemsa no es posible por encontrarse en vigencia la Etapa 2 de Control de Calidad”, dice el decreto 2.118, firmado por el gobernador Francisco Pérez y el ministro de Energía, Marcos Zandomeni. Además, pesa el factor financiero: los montos de las sanciones, una vez liquidados con carácter de reintegro a los usuarios, alimentan en gran medida al Fondo Compensador con el que el Ejecutivo subsidia la tarifa social y riego agrícola, entre otros rubros, y bastante flaco por estos días. 

Entre la Justicia y las tarifas

“Este tema no es tan relevante en este momento como la revisión integral de tarifas. Pero indudablemente, con ingresos congelados desde hace tiempo, afrontar multas es bastante complicado”, esgrime una fuente de la empresa ante la respuesta oficial.

Cabe recordar que la revisión integral de cuadros tarifarios, que los concesionarios del servicio reclaman insistentemente, debe hacerse cada 5 años. La última vez fue en 2009, durante la gestión Jaque, pero desde 2013 empezó a postergarse, primero con pequeñas actualizaciones cuatrimestrales del orden del 9%. Desde junio, a través del Programa de Convergencia Tarifaria, por el cual la Nación debe distribuir $ 200 millones a cambio de mantener congelados los valores hasta el próximo 31 de diciembre, aunque hasta ahora efectivizó sólo 11%.

El EPRE sancionó ayer a  3 cooperativas zonales con más de $ 400 mil por “apartamiento de las normas de calidad”. Aunque Edemsa, agotada la vía administrativa, puede recurrir a la Justicia, para el titular del ente, Elián Japaz, “un pedido siempre es un pedido, pero en este caso resulta impropio y no corresponde por estar fuera de la ley”.

Desde el área legal de Edemsa evitaron referirse a la estrategia. Sin embargo, de proceder a nivel judicial, no sería la primera vez; en julio, por separado pero tras el mismo objetivo, tanto Edemsa, como Edeste y la Cooperativa Eléctrica llevaron a la Suprema Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el Programa de Convergencia.

Más allá de un potencial litigio, la directora de Servicios Públicos, Patricia Martínez, descartó acceder al reclamo. “No habrá ningún perdón y si recurren a la Justicia no es un tema que nos compete. Más aún, deben aplicarse intereses moratorios, porque la multa es un derecho adquirido pecuniario con el que debe compensarse al usuario. Tampoco es válido el argumento de readecuar VAD: hubo actualizaciones con una rentabilidad del 9,9% en la base de capital”, explica la funcionaria.

Por las dudas, frente a las quejas de las distintas distribuidoras, el ministro de Energía, Marcos Zandomeni, intenta destrabar en Buenos Aires el demorado giro de $ 180 millones faltantes para compensar la falta de tarifas. 

El reloj corre: a partir de enero deberá retomar la discusión por las subas, sea vía revisión integral o ajustes parciales por trimestre, el mismo criterio aplicado durante 2013.