La empresa EDECAT podría evitarse por completo el pago de las millonarias multas que el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE) le aplicó por mal servicio antes de 2008, si el Ejecutivo provincial hace lugar a un recurso de alzada interpuesto por la firma, luego de que el organismo ratificara mediante una resolución que debía empezar a acreditar dinero a sus usuarios. El reclamo de la concesionaria del servicio eléctrico provincial fue planteado a pesar de que por un acuerdo con el Gobierno, en el marco de la renegociación contractual, logró una quita del 90% sobre el monto global que recibió por sanciones.

El ENRE había multado a la operadora energética por 50 millones de pesos, fundamentalmente debido a la mala calidad del producto. Sin embargo, como resultado de un acta firmada con el Ministerio de Obras Públicas por la anterior conducción, la Provincia aceptó que sólo se abone el 10% -es decir, cinco millones-, que serían acreditados en 24 cuotas "iguales, mensuales y consecutivas". Este acuerdo suponía que EDECAT mantendría los parámetros del servicio y comenzaría un plan de obras para mejorar la prestación y atender el crecimiento de los usuarios.

Con estos elementos, el ENRE emitió la resolución 160/08, por la que se aprobaba el plan de pago en concepto de multas, reconociéndose un total de 5.582.115 pesos a favor de los usuarios.

El 5 de junio del año pasado, el organismo notificó a la distribuidora de la resolución, pero unos días después, ésta presentó un "recurso de reconsideración".

Luego de evaluar distintos argumentos, el organismo emitió otra disposición, la 327/08, rechazando el pedido de la empresa, que recién fue publicada en el Boletín Oficial el viernes pasado.

Legalmente, la empresa solicitó que en caso de una respuesta negativa, lo actuado pase a Casa de Gobierno.

Otra situación

Con el cambio de autoridades de la empresa, luego de que el gobernador Eduardo Brizuela del Moral decretara la intervención estatal en la firma en octubre de 2008, fueron nombrados cuatro directores en representación del Ejecutivo. De esta manera, se desplazaba a la familia Taselli, que estaba a cargo de la privatizada desde 1997.

Este cambio de manos hace suponer que el Gobierno finalmente hará caso al planteo de la empresa, ya que ésta arrastra un déficit operativo de poco más de un millón de pesos mensuales. En caso de que tuviera que devolver las multas a los usuarios, se complicaría más su situación financiera.