"Tratos crueles", "golpizas frecuentes", "precario y difícil acceso a medicamentos", "mal estado de las estructuras" son algunas de las conclusiones de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la visita a cárceles bonaerenses. Entre ellas, a la Unidad Penal 2 de Sierra Chica. En la semana del 7 al 10 de junio una delegación recorrió además, el Complejo Conurbano Bonaerense Norte, la Unidad 1 Lisandro Olmos, la comisaría de Ensenada Seccional Tercera (El Dique), la comisaría Primera de Berisso y la comisaría Sexta de Lomas de Zamora.

Si bien las visitas fueron programadas y, por lo tanto, hubo margen para mejorar algunas cuestiones, la delegación encabezada por el relator, comisionado Rodrigo Escobar Gil, y personal de la Secretaría Ejecutiva, emitió ayer un informe de fuerte contenido crítico y exhortó al Estado argentino y provincial a hacer las necesarias modificaciones. Y parte de la base de que debido a la "posición especial de garante del Estado frente a las personas privadas de la libertad, además de respetar su vida e integridad personal, el Estado tiene la obligación de asegurar condiciones mínimas de detención que sean compatibles con la dignidad humana". Ninguna de estas condiciones se estarían cumpliendo y así quedó plasmado en un punteo, tema por tema, dentro del informe internacional.

Cuando el 9 de junio concretaron la visita a la Unidad 2, del avión provincial bajó, acaparando la atención de gran parte de los medios de prensa, el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, el ex fiscal de Quilmes Javier Mendoza. Esta presencia, sumada al hecho de que la visita hubiera sido anunciada con antelación, hacía presuponer que las conclusiones de la Relatoría serían favorables al funcionamiento carcelario. Nada más lejano de la realidad.

La "falanga"

Actualmente en la provincia de Buenos Aires hay 30.132 detenidos, de los cuales 4.040 están en comisarías. Si bien las cifras oficiales ubican que "el 61 por ciento de los privados de la libertad no tiene sentencia en firme", la Relatoría "observa que dicho porcentaje no incluye aquellos detenidos en dependencias policiales. Las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, reportan que más del 70 por ciento de las personas privadas de libertad se encuentran en prisión preventiva. La Relatoría de la CIDH considera preocupante el uso abusivo de la detención preventiva, en detrimento de los principios de presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad que deben regir este mecanismo procesal". La CIDH deja muy en claro que "la detención preventiva de una persona es una medida excepcional, de naturaleza cautelar y no punitiva, procedente únicamente para asegurar que el procesado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá de la acción de la justicia, la Relatoría de la CIDH observa que los jueces optan por la medida cautelar más gravosa para la vigencia del derecho a la libertad durante el proceso, con el objeto de mostrar eficiencia y evitar los reclamos de la sociedad, los medios de comunicación y del mismo poder político".

Y exhorta a "las autoridades a aplicar la detención preventiva con un criterio eminentemente excepcional e implementar medidas alternativas". Y además a que el Estado cese en el uso de comisarías como centros de detención.

Además, la Relatoría concluyó que "se tuvo conocimiento de golpizas frecuentes, muchas veces seguidas de duchas frías; la práctica de la 'falanga' o 'pata-pata', consistente en golpes propinados en la planta de los pies; y malos tratos mediante disparos con balas de goma; aislamiento prolongado en celdas de castigo; hacinamiento y malas condiciones materiales. Durante la visita la Relatoría tuvo conocimiento, inclusive, de tratos crueles inflingidos a un miembro del Servicio Penitenciario como parte de un 'ritual de iniciación' para ingresar en un grupo de élite de ese cuerpo". En ese sentido -recomendó- "es de resaltar que la falta de castigo alienta la consolidación de prácticas contrarias al respeto a la integridad y la dignidad humana. Al respecto, la Relatoría insta al Estado argentino a tomar las medidas necesarias para prevenir la tortura; y en particular, exhorta a las autoridades judiciales a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de hechos de torturas, teniendo en cuenta, para su calificación jurídica, la gravedad de los mismos y los estándares internacionales".

La serie de observaciones que cuestionan las condiciones de detención tanto en cárceles como en comisarías hacen particular hincapié en "el mal estado general de las estructuras e instalaciones físicas, particularmente, de las sanitarias, hidráulicas, eléctricas y de internamiento". Pero, además, mostró gran preocupación por la política de traslados permanente que impide el contacto con familiares, el acceso a programas de educación y empleo "que favorezcan su proceso de resocialización". Y remarca que son utilizados como sanciones disciplinarias.

Los ítems ligados a la atención médica y a la alimentación son particularmente críticos. Y la Relatoría recuerda que la salud es un derecho, tanto en servicios médicos como en medicamentos. Por otro lado, "la CIDH verificó con preocupación que en los pabellones de separación los internos en aislamiento no contaban con agua corriente y tenían que comer con la mano".