Se trata de Omar Alejandro Matos, quien declaró ante el fiscal Jorge Strauss, que lleva adelante la investigación para determinar, en principio, si Durrels se suicidó como dice la policía o si, en cambio, fue asesinado.

Matos habría compartido su lugar de detención con Durrels y con otro hombre de apellido Rojas, el primero en declarar.

Aunque no trascendió el contenido de la declaración de Matos, sí se supo que llegó a intercambiar alguna conversación con el joven que luego apareció de pie, ahorcado, con un cable atado a su cuello y a la reja.

El dato resulta relevante si se tiene en cuenta que la Comisaría 1ª se encuentra inhabilitada para alojar detenidos.

Para Eduardo Cantis, abogado de la familia Durrels, la aparición del testimonio de Matos genera sospechas. “Están plantando una escena, armando el guión de un ahorcamiento anunciado”, sostuvo el abogado que en los próximos días espera ser admitido como particular damnificado para tener acceso a la causa y comenzar a solicitar medidas de prueba.

Además de Matos, en las últimas horas declararon el dueño de la chacra de Polo Las Overas, Ignacio Negri, y uno de los petiseros con los que Durrels colaboraba.

También prestó testimonio Stella Maris Báez, quien conducía la patrulla municipal del Servicio de Apoyo Policial (SAP) que arrestó al joven el domingo 8 de septiembre último, en las inmediaciones de la estación del ferrocarril.

Reclamo

Tras la muerte de Durrels, sus familiares y amigos generaron una serie de reclamos que se plasmaron principalmente en dos marchas hacia la comisaría.

La primera fue el lunes pasado, a una semana de la muerte, cuando un puñado de allegados se movilizó bajo la lluvia. El miércoles, en tanto, fueron unas 300 personas las que marcharon desde la plaza 12 de Octubre hasta la Comisaría.

Entre los participantes de la marcha se encontraban miembros del Movimiento Evita, del Frente de Izquierda, el candidato a concejal por la Coalición Cívica, Gabriel Lagomarsino, la candidata a concejal por el Frente para la Victoria, Mirta Ortega Sanz y la edil Liliana Alfaya, quien impulsó un proyecto para que el Concejo Deliberante reclame intervención por parte de organismos y legisladores provinciales en el caso, resolución que se aprobó el jueves.

“Creo que hay un problema femenino. No puede ser que a las 10 de la mañana fuera a comprar el pan y nunca volviera. Ni le dieron oportunidad de llamar a los tíos acá” (en Pilar), señaló entre lágrimas Roberto Durrels, padre de Miguel y de otros 6 hermanos de la víctima. “Esperemos que se aclare y que esto no siga. Hoy me tocó a mí pero le puede tocar a otro”, dijo el hombre.