Es que desde la Asociación Riogalleguense de Anestesiólogos se vertieron declaraciones que contrastarían con la realidad, ya que tal como lo manifestara La Opinión Austral, las renuncias de tres de los cuatro anestesiólogos que prestan servicios en el Hospital Regional Río Gallegos (HRRG) se hicieron efectivas el día 2 de julio del año en curso, por lo que el plazo de preaviso (30 días) aún no se había cumplido.

Desde el Ministerio de Salud, en efecto, manifestaron además que “en este caso las renuncias fueron presentadas ante la negativa a la solicitud de aumento de más del 100% de los haberes que percibían actualmente, lo que no sólo se consideró desproporcionado, sino generador de mayores asimetrías con el resto de personal hospitalario”. Cabe aclarar que este requerimiento se produjo en momentos en que se había consensuado una propuesta previa.

El mismo comunicado de prensa asevera respecto a la ausencia de negociaciones, que “el ministerio ha tenido, desde el mes de marzo, no menos de diez reuniones con diferentes actores de la especialidad, con sus correspondientes intercambios de propuestas, las cuales no han tenido contestación. También es de significar que el 12 de julio se ha remitido un convenio tentativo que deberá ser contestado por escrito antes del día 25 del citado mes, y en el que cada anestesiólogo ha recibido una propuesta formal, previamente consensuada. Tampoco se ha recibido -hasta la fecha- contestación”.

En cuanto a que los problemas del HRRG deben ser atendidos por sus autoridades, el contexto económico de la provincia y la sugerencia de inversión para la mejora del sistema estructural de salud, “cabe señalar que estos condicionamientos chocan con la definición de la asociación como entidad científica y no gremial, y parecieran estas afirmaciones querer utilizar coyunturas políticas e intentar sugerir acciones o políticas de salud”, adujeron.

Con respecto a la expresión “muchos profesionales” usada por la asociación, “debería leerse un (1) profesional que decidió radicarse en la provincia de Tierra del Fuego, por mejoras salariales y ventajas impositivas”.

Contraste

Más adelante la cartera de Salud señala, en cuanto al pedido de mayor cantidad de profesionales de parte de la asociación, que “contrasta con las respuestas recibidas por esta cartera de Salud por parte de los profesionales que hemos contactado y que luego de intercambiar información con integrantes de la asociación, desisten argumentando ‘razones personales’, pero no sólo ocurre con profesionales que desean radicarse en Santa Cruz”. Agregan que “además, en casos de remplazo por profesionales de otra localidad para cubrir determinados días de guardia en el HRRG, hemos contado con la buena predisposición de los mismos y una vez en el lugar de trabajo, desisten de efectuar su trabajo por causas que prefieren no explicar para no exponer a sus colegas de especialidad”.

En lo que refiere a la cantidad del recurso humano en la especialidad, “nos parece inconsistente la discusión del número de anestesiólogos por habitante, cuando tenemos un mapa sanitario con localidades tan distantes. De todas maneras, la realidad marca que en los últimos ocho años la problemática de la anestesiología ha atravesado la Argentina en todo su ámbito, se han presentado denuncias y amparos, proyectos en las distintas legislaturas provinciales para intentar lograr que se forme recurso humano en la especialidad en cantidad suficiente, con escasa repercusión; tampoco desconoce la comunidad médica la cantidad de publicaciones de la problemática que existen en diferentes sitios de Internet”.

Finalmente, cabe destacar que el Honorable Senado de la Nación se encuentra trabajando en la posible declaración de Emergencia Nacional de Anestesiología, proyecto que está siendo analizado y en el cual se busca “por un lapso de seis años, declarar la Emergencia Nacional del personal en Anestesiología”, lo que “alcanza a todos los subsectores de salud en general, tanto públicos como privados, y de la seguridad social”.

La iniciativa fue presentada en la Cámara de Senadores por el legislador del interbloque FAP Rubén Giustiniani y por la senadora oficialista Elena Corregido, entre otros.

El objetivo del proyecto es, según expresa el segundo artículo, “lograr el personal de anestesiología necesario para un sistema de salud de calidad, impacto, equidad y eficiencia en todo el país, y en cada una de sus regiones y jurisdicciones”.