El documento, denominado "Sin acceso libre al papel, no hay prensa libre", señala que la iniciativa oficial "constituye uno de los mayores peligros que ha enfrentado la prensa independiente en nuestro país durante las últimas tres décadas".

"Dicho porcentaje le asegura al gobierno nacional el control de la compañía", se explica, ya que actualmente el Estado tiene el 27,5% de las acciones, y si suma otro 24% pasará a tener el control de la mayoría accionaria.

"¿Qué ocurriría si la distribución del papel se hiciera con la misma lógica con que se reparte la publicidad oficial; es decir, si se hiciera teniendo en cuenta la línea editorial de los medios y se empleara a la provisión de ese insumo como herramienta de disciplinamiento y estímulo? Para periódicos y medianos diarios, no quedaría otra opción que el cierre y la pérdida de centenares de puestos de trabajo", advierte la entidad, que agrupa a las principales empresas periodísticas del país.

La Asociación señala que "incluso para grandes medios, el impacto sería letal: si tomamos las cifras difundidas por la Jefatura de Gabinete de la Nación referidas al primer semestre de 2012 y aplicamos al papel el mismo criterio de distribución que el que se aplica a la pauta publicitaria, diarios como Clarín o LA NACION deberían limitarse, si quisieran mantener su circulación, a publicar sólo entre cuatro y ocho páginas de aparición semanal. En cambio, otros diarios con posturas acríticas sobre la gestión estatal podrían circular todos los días con tiradas diarias de hasta 450 páginas".

Analiza entonces que "se trataría, en definitiva, de un escenario más grave que el que vivieron los diarios no adictos hace 60 años, cuando el gobierno monopolizaba el papel".

El jueves un grupo de diputados kirchneristas, encabezados por Carlos Kunkel, presentó la iniciativa formalmente. Fuentes del bloque del Frente para la Victoria confirmó después que la intención es avanzar con su sanción una vez que se termine el trámite del proyecto de blanqueo de capitales.

ADEPA señala que "el objetivo consignado en el proyecto es desmonopolizar la producción y distribución del insumo y fomentar su reparto de manera equitativa. Pero paradójicamente se concentra en el mismo agente el control de toda la fabricación nacional y del ingreso del papel desde el exterior, lo que contradice de manera expresa el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que condena la restricción del derecho de expresión por vías directas o indirectas, como los controles sobre el papel para periódicos. En jerga oficialista, tal vez sea «democratizar a la prensa»".

El temor de la entidad es manifestado en el comunicado a través de una serie de interrogantes:

"¿Puede expresarse con libertad un diario que debe imprimirse sobre un insumo cuyo acceso depende de un gobierno que ha obstaculizado de manera sistemática las importaciones, ha atacado al periodismo independiente y ha montado un gigantesco aparato comunicacional para propalar el discurso oficial?"

"¿Qué hizo el Gobierno desde 2011, cuando el oficialismo aprobó la ley que declaró de interés público la producción, comercialización y distribución de papel?"

"¿Mejoró el abastecimiento de las pequeñas publicaciones?"

"¿Surgieron nuevos títulos? La realidad de ese sector no ha variado."

ADEPA destaca que los pequeños diarios y periódicos "no tienen acceso" al papel de resma, "no tuvieron respuesta oficial sobre las prometidas soluciones fiscales y viven con la sombra de la quiebra creciendo día tras día". Señala además que "fiscalizar al poder y denunciar sus desvíos es la función central de la prensa dentro de un régimen democrático", porque "es una garantía complementaria al equilibrio de poderes, que en estas horas corre el serio riesgo de extinguirse en la Argentina".

"Un periodismo independiente permite a los ciudadanos preservar sus derechos frente a eventuales abusos. Sin acceso libre al papel, no hay prensa libre. Sin prensa libre, no hay democracia. Sin democracia, no hay ciudadanos. Sólo súbditos amordazados y obligados a escuchar un discurso único."

LA AFSCA APELÓ LA LEY DE MEDIOS

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) presentó ayer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia contra el último fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual.

El pedido solicita la "apelación al fallo de la Cámara Civil y Comercial, que el pasado 17 de abril declaró la inconstitucionalidad de una parte del artículo 45 y del segundo párrafo del artículo 48 de la ley de medios", señaló la autoridad de aplicación de la ley de comunicación audiovisual..