El último informe del CEM asegura que distorsiona las decisiones económicas y es “una enfermedad para el sector productivo”. También reclama la normalización del Indec.
“La inflación distorsiona incentivos y decisiones económicas, y desvía los esfuerzos desde las actividades productivas hacia las especulativas. Además, consume el poder adquisitivo de los salarios y produce pujas distributivas, pero también es una enfermedad para el sector productivo, al reducir la rentabilidad de las empresas y su capital”, analizó el Consejo Empresario Mendocino (CEM) en su informe mensual que difundió el último día de 2010.
Los empresarios mendocinos tomaron nota de cómo la afectación de la economía doméstica sube sostenidamente en las encuestas populares.
Y para remarcar esa tendencia aseguran: “nuestro país está entre aquellos que lideran el ranking de inflación en el mundo, solo detrás de Venezuela y de algunos países de África. Argentina tiene una economía sobrecalentada, creciendo al 9 % anual y con una inflación creciente del 25 % anual”, dice el análisis firmado por Silvia Jardel, gerente general de la entidad que preside Carlos Ostropolsky.
Está claro que el temor empresario no es exclusividad de nuestra provincia. Incluso sondeos nacionales marcan esa sensación generaliza. Esta semana se conoció uno que además de la la suba precios, pone a la presión tributaria en el tope de las amenazas.
El 88 % de los empresarios considera que el impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios -más conocido como impuesto al cheque-, Ganancias e Ingresos Brutos son los tres gravámenes que afectan de manera más negativa las decisiones de inversión, según una encuesta realizada entre empresarios por la consultora KPMG.
“Los directivos de grandes empresas consideran elevado el grado de presión tributaria sobre el desarrollo de la actividad económica en nuestro país”, asegura el trabajo de la consultora.
Volviendo al informe del CEM, y en consonancia con los empresarios que consultó Los Andes para el Suplemento Economía del domingo pasado, la gran deuda del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es la normalización del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
“Una inflación del 25 %-30 % anual, si bien en el corto plazo parece administrable, sobre todo por las inmejorables condiciones externas que vive nuestro país, es distorsiva para nuestra economía. El gobierno nacional debe comenzar a resolver este problema, sobre la base de cifras oficiales confiables. El Indec es un organismo del Estado Nacional que debe velar por la transparencia de las estadísticas públicas”, dice el trabajo del que también participaron como asesores económicos Gustavo Rivarola y Jorge Sansone.
Pero no se quedó en el ámbito nacional el reclamo. También hay un espacio para la administración de Celso Jaque. El CEM le pide al gobierno provincial un ajuste rápido del índice de precios respecto del que difunde la Nación, y que ahora está bajo la auditoría del Fondo Monetario Internacional.
“Con el nuevo índice de precios de Mendoza, el gobierno local deberá ajustar rápidamente sus proyecciones presupuestarias para tener una gestión del gasto y los ingresos ajustados a la realidad económica”, dice el paper.
Como cierre del extracto que difundieron los empresarios nucleados en el CEM, aparece un llamado de atención: “El crecimiento apoyado sólo en la demanda agregada, mediante políticas monetarias y fiscales aceleradamente expansivas, es inconsistente a largo plazo. Argentina necesita impulsar también el crecimiento de su capacidad productiva de largo plazo mediante inversión en capital físico y capital humano”.

Comentá la nota