El debate sobre la modificación de la legislación en materia de drogas prohibidas sigue siendo una deuda de la democracia argentina. Hasta hoy, las normas penales en nuestro país, lejos de cumplir con el objetivo principal de proteger la salud pública, dieron lugar a injusticias que derivaron en situaciones de estigmatización y discriminación. Además, causaron una saturación del sistema penitenciario que trata a consumidores como delincuentes y no fueron efectivas en el control del narcotráfico. Así lo afirmó la Corte Suprema en el Fallo "Arriola" en el año 2009, por lo que creemos que están hoy dadas las condiciones para analizar qué modificaciones requiere la Ley 23.737, que regula la tenencia y tráfico de estupefacientes, y cuál es el sentido de esta norma en relación a los avances más recientes.

A medida que el debate adquiere más visibilidad, también se hacen más evidentes los prejuicios y las preocupaciones de parte de la sociedad en torno al consumo de sustancias prohibidas, normalmente asociado a las adicciones o la comisión de delitos por parte de los usuarios. Sin embargo, la experiencia desmiente esto, ya que en comparación a sustancias como el tabaco, que registra un alto porcentaje de usuarios adictos, en el caso de la marihuana, del total de consumidores el porcentaje de adictos es ínfimo. Por su parte, en relación al delito, las estadísticas destacan al consumo de alcohol como el principal disparador de hechos delictivos, entre ellos, el homicidio.

En este contexto, el Congreso Nacional inició el año pasado el debate parlamentario sobre esta cuestión, y la legisladora María Rachid presentó allí un anteproyecto de Ley que representa este año con algunos nuevos aportes, y que ofrece una perspectiva integral y novedosa en la materia.

Una de las principales preocupaciones consideradas al momento de la elaboración del proyecto, fue la redacción de una norma que no sólo despenalizara la tenencia de sustancias prohibidas o el cultivo de marihuana, sino que evitara la violencia institucional y el abuso policial del que suelen ser víctimas los usuarios/as. De lo contrario, se teme que la nueva norma genere una despenalización nominal que no genere cambios sensibles respecto a la situación de persecución penal que trata a los consumidores/as casi como narcotraficantes. Casos como el de Fernando Colombini, detenido hace dos meses y medio por la tenencia de ocho plantas de marihuana para consumo personal aún cuando la Corte dejó en claro la inconstitucionalidad de dicho trato, dejan expuesta la arbitrariedad y la discrecionalidad con que actúan las fuerzas de seguridad y el sistema judicial.

Por otro lado, en el sentido de promover la salud integral de consumidores/as de todas las sustancias -legales e ilegales- y de la sociedad en general, incorporamos en nuestro proyecto políticas de reducción de la vulnerabilidad de los usuarios y de los daños asociados al consumo. Esta perspectiva, si bien es novedosa en nuestro país, es una experiencia de aplicación exitosa en países de Europa y algunos de la región, que permite mejorar sensiblemente la calidad de vida de quienes consumen sustancias psicoactivas.

Además, el proyecto se distingue de otros que se discuten en el Congreso, en cuanto al trato diferenciado que da a la planta de cannabis o marihuana, ya que va más allá de la simple despenalización: se propone la legalización plena de esta planta que es ampliamente consumida en nuestro país y en el mundo para uso recreativo, pero que a su vez tiene probada utilidad en medicina y en la industria. Esta propuesta, que ya estaba presente en la versión original del proyecto el año pasado, se ve reforzada por los recientes avances en el mismo sentido que están teniendo lugar en países como Uruguay -donde el Congreso debate un proyecto de legalización de cannabis-, o incluso en Estados Unidos, donde dos estados legalizaron esta planta para uso recreativo y ya hace años se utiliza con fines medicinales en alrededor de 20 de ellos.

Además de presentar el proyecto de modificación a la Ley de Drogas, La legisladora María Rachid asistió hoy a la nueva Marcha Mundial de la Marihuana, cuyo objetivo es el reclamo común para exigir que se normalice la situación de la planta de cannabis y terminar con la criminalización y persecución de usuarios, consumidores y cultivadores.

En torno al anteproyecto de Ley, la diputada Rachid expresó: "Consideramos que la legalización es un tema de derechos humanos porque tiene que ver con la libertad de decidir sobre el propio cuerpo y la vida de cada uno/a y también es un tema de salud pública porque no hay peor política de salud para prevenir los daños del abuso de drogas que la prohibición. Así lo han demostrado la ley vigente y las políticas de los países que promueven enérgicamente políticas prohibicionistas". Y continuó: "Creemos que el debate en materia de drogas prohibidas lleva tantos años de demora en nuestro país y está tan atrasado en comparación con países como Uruguay y hasta Estados Unidos, que necesitamos urgente un debate y una reforma mucho más profunda que la planteada hasta el momento. Estamos orgullosos/as de poder representar este proyecto que esperamos esta vez sea tenido en cuenta sin más demora para el tratamiento de este tema en el Congreso Nacional".