Diego Tomás cumplió 7 años hace muy poco. Según el informe que una psicopedagoga le entregó a su madre Sandra, en la escuela las actitudes del nene no cambiaron desde inicio del año: se lo observa siempre “totalmente disperso y ausente”. No presta atención al docente y nunca demostró el mínimo interés de aprender. “Por momentos hace ruidos con la boca imitando autos de carrera y explosiones, evidenciando su aislamiento total de la realidad”.

Usa lentes muy gruesos y por eso lo sientan en una mesa muy cerca del pizarrón. “Cuando es necesario le acercan las imágenes para que pueda verlas, no hay avances en el aprendizaje y cuando le exigen realizar las actividades nunca las concluye, coloca los brazos sobre el banco y simula que duerme”.

Los maestros se sientan a su lado para orientarlo. Conoce la serie de números, tampoco establece relaciones de orden, es presilábico y eso sí: le encanta dibujar. “En un comienzo coloreó sólo con negro pero hace 4 meses usa todos los colores”. Cuando en el aula hay juegos de rutina no quiere participar ni con la ayuda docente.

“Diego es muy afectivo con la maestra pero suele tener conflictos con los compañeros. Es un nene triste y siempre recuerda a su hermano mayor, fallecido”. Ese hermano era Julián Antillanca y el informe pedagógico lo leyó César, el padre del joven asesinado en Trelew.

El hombre se quebró y ayer conmovió a todos en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia, donde el Ministerio Público Fiscal y las querellas presentaron las impugnaciones extraordinarias para que se haga un nuevo juicio por el caso y se anule la absolución de los policías acusados.

Las audiencias son de contenido técnico; el presidente de la Sala Penal, Alejandro Panizzi, hizo una excepción para que Antillanca padre se descargue. “Hace un año Diego dijo que Julián era muy malo porque le hacía doler el corazón”. César tragó lágrimas y recordó que los botines de su hijo quedaron colgados del ropero. “Hace poco más de dos años mi hijo de 20 años se fue a bailar y el gobierno me lo entregó en una caja de madera”, dijo a los ministros. Se oyeron lamentos en la sala. “Julián es una persona a la que se le arrebataron la vida sin razón”.

"Este año su hermana Ayelén empezó a estudiar en La Plata y él no la ve, no escucha, no siente, no baila, no hace el amor, no será padre y ni siquiera es más hijo”.

Con la mirada en el piso, César contó que la hermana del joven “se lamenta de no tener a quién gritarle los goles: Julián era de River y Ayelén es de Boca; ahora no tiene con quién pelear y a este padre, que compraba de a dos pares de zapatillas, le sobra la plata de un par”. El recuerdo duró 7 minutos. “Por todo esto estamos acá y vamos a ir donde haya que ir para pedir justicia”.

En la audiencia, los fiscales Mirta Moreno y César Zaratiegui, y el defensor general de la Provincia, Hugo Barone, fundamentaron el pedido de nulidad ante los ministros Panizzi, Jorge Pfleger y Daniel Rebagliati Russell. Criticaron lo “parcial y aislada de la valoración efectuada por los jueces Defranco, Ivana González y Laura Servent, acerca de las pruebas de la acusación, durante el juicio que finalizó en octubre de 2011”. Insistieron con la hipótesis brindada mediante dos testigos centrales, además de la pericia genética que “estableció la presencia de Julián en el patrullero”.

Por su parte, los defensores Fabián Gabalachis y Gustavo Latorre defendieron aquel fallo y con puntillosidad, apuntaron a quitar credibilidad a los testimonios y a las pericias. La exposición fue corta y contundente.

La Sala Penal deberá expedirse sobre las impugnaciones y sobre una presentación fiscal, donde indica la similitud en varios párrafos de los votos absolutorios emitidos por los jueces que tuvieron a su cargo el juicio, dando a entender que habría una copia de tales escritos.

Antecedente

Julián Antillanca fue hallado muerto el 5 de septiembre de 2010. Todos los acusados del crimen fueron absueltos: los policías Martín Solis, Jorge Abraham, Laura Córdoba y Paula Morales, por el delito de homicidio agravado; contra otros cuatro efectivos pesaba el delito de encubrimiento agravado: Carlos Sandoval, Analía Di Gregorio, Mario Bascuñán y Valeria Zabala y la civil Gabriela Bidera, mientras que contra el oficial Diego Rey pesaba el cargo de privación ilegal de la libertad.