Lucas Puig logró adelantar la fecha de juicio oral que originalmente había sido dispuesta para septiembre de 2015. El debate comenzará el 6 de enero de 2014.
El profesor de música fue detenido en marzo de 2010 por pedido de la fiscal Virginia Bravo, quien lo procesó y llevó a juicio oral. Tiempo después Puig recuperó la libertad y en esa condición llegará al debate, acusado de corromper sexualmente a dos alumnos del jardín de infantes San Benjamín de Los Hornos.
La causa quedó radicada en el Tribunal Oral Criminal I de La Plata, donde fijaron fecha para septiembre de 2015. Los defensores de Puig llevaron sus quejas hasta la Suprema Corte bonaerense, por entender que cinco años de proceso sin sentencia, se transforma en un calvario judicial para cualquier ciudadano.
Fue así que en agosto pasado el presidente de la Corte, Héctor Negri, puso en caja a los jueces del Tribunal platense y ordenó revisar la agenda de juicios para adelantar el debate. Finalmente el magistrado Samuel Saraví Paz, dictaminó que el proceso oral se realice en plena feria judicial, medida que no cuenta con antecedentes inmediatos en la historia judicial penal bonaerense.
La fiscal Silvina Langone tendrá a su cargo la acusación mientras que los letrados Daniel Apaz y Guillermo Fernandez Koenig estarán al frente de la defensa técnica. En principio está dispuesto que el juicio dure cuatro semanas. En la lista de testigos figuran varios docentes del colegio y está prevista una inspección ocular del juez y las partes al establecimiento educativo durante el juicio.
La funcionaria no se opuso a la realización del juicio oral en plena feria, pero recordó en un escrito que como muchos de los testigos son docentes, se corre peligro de suspender el debate, ya que en el mes de enero la mayoría podría estar de vacaciones.
Planteos. El 12 de agosto pasado el profesor de música imputado, realizó una presentación ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Héctor Negri, en la que solicita que se acelere la fecha del juicio oral y público que lo tendrá en el banquillo de los acusados.
Se trata de la tercera presentación que realizó el acusado, quien tiene fecha de juicio para septiembre de 2015, pero él quiere que lo juzguen lo antes posible.
Esa presentación lleva la firma de 1.200 personas. Y allí se requiere que se “dé cumplimiento a los plazos procesales a efectos de realice el juicio oral y público por el que se encuentra procesado.”
Según Puig, en su escrito, la disposición de esa fecha fue realizada “en claro incumplimiento de un proceso ajustado a derecho, que se obstina en prorrogar en tiempo oportuno, el juicio.”
En tanto, la misiva entregada por el docente ante el ministro Negri, destaca que “la incertidumbre procesal que padece violenta esencialmente su garantía de defensa en juicio.”
En otro pasaje de la carta apuntó hacia uno de los jueces: Guillermo Labombarda. “Nos llama la atención las constantes dilaciones que viene sufriendo la causa desde la radicación en dicho Tribunal y la absurda fecha dispuesta para el juicio, circunstancias que atentan contra todo plazo razonable, violando garantías constitucionales”, se lee en el documento al que accedió Diagonales.
“Esta morosidad judicial se inicia con la sorpresiva excusación del Juez Labombarda, el mismo día que citó a las partes a la realización de la audiencia preliminar. En forma extemporánea -10 meses después de radicada la causa-, Labombarda presentó su excusación” se quejó Puig ante un nuevo caso de carreta judicial.
La respuesta. En una resolución de dos carillas que lleva la firma del presidente de la Suprema Corte, Héctor Negri, por la secretaría de Néstor Trabucco, las conclusiones son claras: el Tribunal Oral Criminal I de La Plata es el más lento de esa instancia en la provincia de Buenos Aires. Según se reproduce “en la información estadística” del año 2012 “se evidencia un índice de realización de audiencias de realización de audiencias de debate ostensiblemente inferior al de sus pares departamentales y al promedio provincial de órganos con similar nivel de ingreso”.
Cabe recordar que el TOC I fue recusado por su morosidad cuando tuvo a su cargo el expediente por el crimen de Christian Domínguez, asesinado en la seccional Primera de Berisso.
En otro pasaje del informe elaborado por la Suprema Corte se detalla que el Tribunal tiene “un promedio de dos años para la fijación de fecha de debate para personas procesadas con prisión preventiva, la agenda con debates fijados hasta el mes de diciembre de 2015” y “causas radicadas en el Tribunal con más de tres años que aun no cuentan con fecha de designación de audiencias, encontrándose el procesado detenido o con alguna medida de morigeración”.
Ante este panorama de atraso judicial la Corte pidió a los jueces del Tribunal que “se instrumenten medidas concretas dirigidas a reprogramar, depurar y definir criterios de prioridad para la designación y fijación de audiencias de debate, contemplando las situaciones antes mencionadas”.
Comentá la nota