SALTA.- Rara, podría denominarse, macabra coincidencia la que tiene por escenario a la Villa de San Lorenzo en Salta. Sitio de reminiscencias ancestrales para las tradiciones de una provincia que todavía se acuna en costumbres de su pasado, muchas de las cuales están ligadas a este rincón bucólico.

En efecto, en el lapso de dos décadas, dos hechos de violencia unen similitudes y protagonistas: el crimen, las víctimas extranjeras y los jueces. En horas en que comienza a sustanciarse el juicio por el sonado caso del asesinato de dos turistas francesas, vuelven a la memoria las imágenes del año 1999, cuando un sujeto oriundo de Brasil, Silas Ávalos Moreno y que servía como empleado del matrimonio suizo integrado por Hansruedi y Sivylle Hintermann, asesinó a la pareja con desmedida saña y alevosía.

Los Hintermann habían decidido radicarse en San Lorenzo y explotaban un negocio de alquiler de caballos y turismo local, para lo cual compraron la vieja casona de Vicente Solá al 1400. Silas, ex chofer del Embajador de la República del Paraguay, se empleó con ellos, pero el mal trato que recibía de parte de la mujer fue devorando su paciencia hasta que una mañana estalló en furia y asesinó a su ama asestándole un golpe con una piedra para rematarla con siete cuchilladas.

Tomó luego un pico y marchó a la vivienda donde dio cuenta de la vida de Hanruedi, quien se hallaba entregado al sueño. En el mes de julio del año 2011, nuevamente se corría el telón para descubrir otro crimen horrendo, los cuerpos de dos turistas francesas aparecían en los senderos de la Quebrada de San Lorenzo con signos de ultraje y desusada violencia desatada sobre ellas para ultimarlas.

A diferencia del anterior caso, no existe aún un condenado, sólo hay detenidos con serios indicios que los comprometen. En este punto es donde ingresa de lleno el capítulo judicial, y a la vez, juega su papel la casualidad, ya que en el estrado estarán los mismos tres jueces que sentenciaron a Silas Avalos Moreno, incluso el que fiscal repetirá su rito acusatorio, será el mismo. Más allá de las coincidencias que no hacen sino otorgar un halo de sugerencias en el imaginario colectivo, se encuentra la misión que cae sobre este Tribunal de demostrar que el caso que puso a la provincia de Salta en los medios nacionales e internacionales, será juzgado en el marco más irrestricto del Estado de Derecho, sin sugerencias mediáticas ni mucho menos políticas.

Con razón, algunos podrías argüir –y de hecho lo hacen-, que este caso de las turistas francesas pueda llegar a tener ribetes similares al recordado asesinato de la adolescente María Soledad Morales, en la provincia de Catamarca, cuyo juicio terminó en escándalo y debió repetirse por las supuestas connivencias que el Tribunal que se hizo cargo primero tenía con el poder político.

Muy por el contrario, en este juicio que ahora se inicia, los jueces que estarán al frente de las deliberaciones llegan precedidos de los mejores antecedentes. Ángel Amadeo Longarte, Carlos Pucheta y Bernardo Ruiz, como integrantes de la Sala II del Tribunal de Juicio serán los encargados de discernir sobre los testimonios y pruebas que comprometen a los tres acusados por el doble crimen de las turistas Cassandre Bouvier y Houria Moumni. Una experiencia de veinte años aquilata los pergaminos de este Tribunal que ya conoce de juicios mediáticos y de complejidad jurídica.

El presidente del Tribunal es el Dr. Ángel Amadeo Longarte, quien tentó alcanzar la presidencia del Colegio de Magistrados, aunque no pudo, luego de lo cual centró toda su energía en la sala de juicio. El otro Magistrado actuante es el Dr. Carlos Pucheta, un jurista de intensa humanidad, cuya preocupación es que se cumpla el mandato constitucional de que los condenados puedan utilizar su tiempo de prisión para reinsertarse en la sociedad como hombres útiles luego de haber pagado su deuda. No obstante esta labor rayana en lo pastoral, es un juez rígido a la hora de aplicar la ley.

Por último, el Dr. Bernardo Ruiz viene a ser una suerte de decano con su medio siglo de experiencia en el ejercicio del Derecho, vale decir, lo avala una carrera casi única en la Justicia de Salta.

En momentos en que la figura del propio presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Posadas, se halla en la picota pública por sus supuestos manejos y prebendas otorgadas en el uso de su cargo, la personalidad del Dr. Ruiz se destaca como la contraparte necesaria, una figura consular que ha conservado siempre su independencia de juicio sin mezclarse con las habituales relaciones que la política suele trazar con los magistrados.

En suma, más que una garantía para la legalidad de este proceso. Para un caso de los ribetes mediáticos de este de las turistas francesas asesinadas en Salta y que está ya instalado entre las noticias de los diarios nacionales y del exterior, la Provincia puede exponer un Tribunal de lujo, como en pocos lugares ocurre y que se complementa con el Fiscal, el Dr. Félix Elías, lleva junto a este tribunal más de veinte años.

Quizás para el talante de los salteños, tan severo y formal en ocasiones, el Dr. Elías es el típico fiscal que sabe interceptar un testimonio y hasta poner en juego cierto histrionismo, conjugando saber y verdad para afinar la situación de modo de poder entresacar la sustancia de las palabras y así allanar el camino de la Justicia.

Los acusados

La figura de Gustavo Lasi es la más buscada por las cámaras, es el principal acusado y quien carga con su propia confesión y las pruebas genéticas que lo implican como autor del doble asesinato, quien luce en la Sala una sardónica sonrisa.

Un resumen de situaciones que complica la defensa ejercida por los abogados Horacio Morales y Matías Adet, quienes parecen moverse mejor ante los medios que ante los estrados, sin decir de ello que no hayan demostrado su experiencia. Santos Vera y Daniel Vilte concurren además incriminados por Lasi, y el último de estos tiene el patrocinio de un lince del Derecho como es el abogado Marcelo Arancibia, un hábil conocedor de leyes y con muy buen perfil de prensa.

El elenco de sospechosos se completa con Omar Darío Ramos y Antonio Sandoval, defendidos de oficio por Graciela Estela Castañares de Belmont, y sobre quienes las sospechas rozan penas menores; de hecho asisten al juicio gozando de libertad.

La puesta ya levantó el telón y se puso a funcionar un sistema jurídico que además de impartir justicia tendrá sin quererlo pero por imperio de la situación, la tarea inconsciente de mostrarle al mundo que este rincón del Planeta, la Justicia no es una mera definición, sino un sistema que funciona aceitadamente en el marco del Estado de Derecho.

A esa prueba, le sigue además la imposición de la Justicia misma, es decir, la pena traducida en una sanción ejemplificadora, pero además que zanje la situación separando los inocentes de los culpables, de otro modo, no se habrá realizado ese valor que permite la convivencia en sociedad.