El día en que los concejales radicales Eduardo Abud, Leticia González y Vilma Baragiola enviaron al archivo el expediente en la Comisión de Calidad de Vida, los tres representantes de Acción Marplatense en ese ámbito (Claudia Rodríguez, Martín Aiello y Eduardo Pezzati) participaban de una reunión de bloque con el intendente. La ausencia les costó un traspié que el propio Pulti ya ordenó resarcir.

"Estamos tratando que, son la nueva composición del Concejo Deliberante, se sancionen los consejos de salud, que son muy importantes. Son los que permiten en cada centro de salud la interrelación con su entorno social y urbano", dijo el intendente a El Atlántico (la declaración completa aparece en la nota que se publica en el Suplemento Aniversario).

"No son las mismas necesidades las que puede tener un centro de salud que atiende a nuestros vecinos que trabajan en la pesca o las de uno que atiende a los que trabajan en la recolección de frutilla o en cualquiera de las tareas rurales. Unos necesitan suero antiofídico y otros necesitan prevenir la artrosis y las enfermedades pulmonares. Unos necesitan fortalecer sus políticas contra las adicciones y otros, contra el embarazo adolescente", mencionó Pulti.

El proyecto de ordenanza había sido presentado el año pasado pero, por la composición esquiva que tenía el oficialismo en el Concejo, nunca fue aprobado. En la reunión de Calidad de Vida, el empujón hacia el archivo fue posible por los tres votos radicales y la abstención de la kirchnerista Verónica Beresiarte, que había puesto el expediente en tratamiento a pedido del oficialista Aiello.

De todos modos, no se trata de un archivo definitivo. El proyecto debe ser analizado ahora por la Comisión de Legislación, donde Acción Marplatense tiene mayoría. Si es convalidado, deberá volver a Calidad de Vida y, en caso de lograr otro aval, llegará a la de Hacienda, donde el oficialismo también tiene mayoría. Recién entonces podría ser tratado en el recinto.

Según se lee en el proyecto, cada consejo estaría integrado por nueve vecinos de la zona del centro de salud y un integrante de la propia sala sanitaria, "que tendrá voz pero no voto".

El consejo tendría facultades para acceder a información sobre el funcionamiento del lugar, proponer modificaciones para mejorar la prestación de los servicios, formular opiniones, diagnósticos y planes, fomentar la participación de la comunidad y participar en la formulación del presupuesto de la Secretaría de Salud.

Los aportes, propuestas e intervenciones de los consejos vecinales no tendrían, en ningún caso, carácter vinculante para el Municipio. Tanto este atenuante como el que le impide votar al representante de cada centro sanitario fueron utilizados por el bloque de la UCR como argumentos contra el proyecto.

"Para nosotros, eso no debería ser así", aseguró a este diario la concejal Leticia González. Pero no son los únicos reparos del radicalismo. "Los programas sociales no necesariamente deben ser legislados. A las políticas sociales las define el Ejecutivo", lanzó. Y aconsejó: "Si quieren implementar los consejos, que los implementen. Pero deben tener en cuenta que ya hay una ordenanza similar de la época de (Elio) Aprile. En todo caso, deberían cumplir con esa norma y no generar una nueva".

Según González, el gobierno local "reproduce iniciativas participativas pero tiene problemas para desarrollarlas". Lo ejemplificó con la comisión que debería controlar el manejo de los fondos que surgen de la sobretasa de salud, que todavía no fue conformada. "A ese órgano de control lo creamos en octubre y todavía estamos en veremos", cuestionó González. Y recordó que la sobretasa fue sancionada por el Concejo a principios del año pasado.

Las designaciones

El artículo quinto de la propuesta del Gobierno establece que la designación de los integrantes de cada consejo vecinal se realizaría por una votación, de la que podrían participar ciudadanos nativos o extranjeros, mayores de 18 años, que acreditaran tener domicilio en la jurisdicción del respectivo centro de salud.

Los miembros del Consejo se mantendrían en sus funciones durante dos años, "lapso que no podrá ser prorrogado bajo ninguna circunstancia ni motivo". De todos modos, podrían ser reelectos por un período. Y desarrollarían sus funciones "ad honorem".

La Secretaría de Salud dispondría los "recursos humanos y técnicos" para regular el acto eleccionario y desarrollar los procedimientos vinculados a la convocatoria.

Claro que, para que todo este mecanismo se ponga en marcha, el oficialismo todavía tiene por delante la tarea de revertir la situación del proyecto en el Concejo Deliberante.