Ante un Parlamento raleado, con menos de 20 diputados, y casi sin presencias del Poder Ejecutivo, a excepción del ministro de Gobierno, Miguel Castro, Panizzi ya avisó desde el inicio, que eligió «hacer hincapié en la situación política, más que en los números», y basó su mensaje exclusivamente en la cuestión presupuestaria.

En ese carril, se quejó por la «reducción» del actual presupuesto a 237 millones, y le reprochó a los diputados el haber «repudiado» dos años consecutivos el presupuesto del Poder Judicial, lo que dijo, denota «una indiferencia y un desapego terribles por las reglas del juego republicano».

En cambio elogió «el espíritu democrático del señor Gobernador, que vetó la ley que pretendía imponer una vez más al Poder Judicial el modo de determinar su política salarial», y realizó un «especial reconocimiento» al ministro de Economía, Víctor Cisterna, que ha contribuido a que el Poder Judicial cumpla con sus necesidades presupuestarias y se aumentaran las remuneraciones un 15%».

INTROMISION

Panizzi reconoció que entre el STJ y la Legislatura existieron «impalpables problemas, discusiones y disputas», y advirtió que no se ampara «en su inmunidad constitucional para aplicar correctivos», pero aclaró que «tampoco intento construir mi propio patíbulo». Definió su período como «una etapa de desavenencias subalternas y rupturas de las paz entre dos y más bandos, de luchas desarmadas y pugnas laterales».

Reiteró ante la Cámara que la ley de porcentualidad generó «consecuencias nefastas», y aludió al «éxodo de funcionarios y magistrados a otros fueros y distritos», y agregó como una de las consecuencias «la acción de amparo» de magistrados y funcionarios.

En el tramo más álgido de su mensaje, Panizzi les dijo a los diputados dedo en alto: «señores legisladores, ustedes han sido los principales responsables de las funestas consecuencias de la ley de porcentualidad», y les dijo que «esta situación debe ser resuelta con inteligencia».

Calificó como «desacertada» e «inaceptable» la idea de que otro poder del Estado pueda determinar la política del Poder Judicial, y volvió a reclamar «la autarquía para la Justicia», al pedir la «derogación de toda ley que tenga injerencia en el presupuesto del Poder Judicial y le impida cumplir con el ejercicio».