Luis Farías, un hombre de 40 años que sufre una discapacidad motriz debido a que le falta una pierna, padece también por estos días las consecuencias del no acatamiento de un fallo judicial por parte de la Municipalidad de Santa Rosa que la obliga a cumplir con la accesibilidad en los colectivos urbanos. La decisión también alcanza a la empresa Autobuses Santa Fe que, hasta ahora, tampoco ofreció ninguna alternativa a los coches de piso alto.

“Con todas las dicultades que tenía para subir yo lo utilizaba para hacer mis cosas cotidianas, pero ahora directamente no puedo subir porque me caí en mi casa y no puedo usar la prótesis...”, contó ayer Farías en diálogo con El Diario. El hombre vive en la calle Blanco Encalada, casi Gaich, en el barrio Esperanza.

Luego perdió su pierna izquierda como consencuencia de lo que considera una “mala praxis” que le hicieron en el Hospital Dr. Lucio Molas. “Entré en el año 2007 con un golpe en la cabeza y salí con una pierna menos...¿cómo se le puede llamar a eso?”, destacó en tono de resignación.

Hoy, para subsistir, Luis Farías pinta cuadros y tiene una pensión por discapacidad. Ayer a la tarde, luego de la entrevista con este diario, intentó infructuosamente subir al micro que tomaba habitualmente.

Debido a la herida que sufrió en la caída y como no puede usar la prótesis, Farías utiliza una silla de ruedas. El único familiar que tiene en la ciudad es su madre.

En mayo pasado, el juez civil Claudio Daniel Soto hizo lugar a un amparo presentado por un grupo de ONGs y pidió a la Municipalidad de Santa Rosa y a la empresa de colectivos Autobuses Santa Fe implementar ‘las medidas pertinentes‘, como micros de pisos bajos, para garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida. También cuestionó la puesta en marcha de una combi adaptada al asegurar que es discriminatoria.

El juez pidió que ponga en funcionamiento en la ciudad micros de pisos bajos. Desde las ONG pretenden que todas las unidades tengan piso bajo, tal cual lo exigía el pliego que las autoridades prefirieron “saltear”, amparándose en la urgencia que tenían para contar con el servicio. El argumento de las organizaciones no gubernamentales es que no solamente se ven afectadas las personas con discapacidad que no pueden acceder a las unidades. También se ven en desventaja personas mayores, obesas, o los niños, por lo difícil que es acceder a un colectivo.

El magistrado le dio a la empresa 30 días para poner micros de pisos bajos. Si no lo hacen, tendrán una multa de 2 mil pesos diarios.

El fallo del juez Soto fue apelado por la empresa y el municipio. “A pesar de haber apelado, la sentencia la tienen que cumplir dentro de los treinta dias porque el tipo de juicio, es decir sumarisimo, establece que la apelación es con efecto devolutivo. Tienen que cumplir, independientemente de la apelación, sino cumple corre la multa”, aseguraron desde las ONGs que presentaron el amparo.