Desde que asumió en el Palacio 6 de Julio, el intendente Ramón Mestre se esforzó por mostrar una gestión municipal basada en el orden y en el control. Para ello, a lo largo de todo el año impulsó distintos operativos en las calles de la ciudad tendientes a fiscalizar la noche cordobesa, a educar a conductores irresponsables, a organizar el casco céntrico y a inspeccionar también el funcionamiento de las grandes superficies y comercios. En ese sentido, para dar cumplimiento a la legislación vigente y ante irregularidades detectadas, el municipio procedió a las clausuras de reconocidos establecimientos como la planta de la Pritty, los tres Dinosaurio Mall, Walmart, Carrefour, Grido, la empresa Claro, además de numerosos restaurantes y bares. En muchos casos, por no contar con los requisitos mínimos de higiene y seguridad. Pero también se apuntó a los after y las fiestas clandestinas.

Todos esos operativos fueron y son coordinados por José María Fernández, director General de Fiscalización y Control municipal, quien en una declaración a la prensa dijo que los exitosos resultados son producto de “la mano dura con la que está actuando esta gestión que encabeza el intendente Ramón Maestre”.

Sin embargo, la actuación de Fernández como funcionario público no se condice con su proceder dentro la actividad privada. Es que el Director es propietario de una distribuidora de fiambres ubicada en barrio Centenario donde, el 13 de noviembre a las 17.20, fue intimado por el ministerio de Industria, Comercio y Trabajo a regularizar la situación laboral de sus empleados. Ese día arribó al establecimiento un inspector de la cartera laboral que fue recibido por un familiar de Fernández, quien dijo no poder mostrar la documentación solicitada por no saber dónde se encontraba. Concretamente, el inspector requirió información de los dos trabajadores que se encontraban al momento del relevamiento constatando la ausencia del libro de inspección laboral, la planilla de horarios y descansos, y las altas tempranas de la AFIP. Por ello, el director de Control y Fiscalización municipal fue emplazado a acreditar todo lo requerido el pasado 27 de noviembre, aunque fuentes del Ministerio informaron que la situación aún no fue normalizada. La conducta de quien controla y fiscaliza en la Municipalidad de Córdoba va en clara contravención a lo establecido en el Código de Ética para el Ejercicio de la Función Pública de la ciudad de Córdoba. El inciso “B” del artículo 5° referido a los Deberes Generales y Particulares así lo indica: “Observar frente al público, en el servicio o fuera de él, una conducta correcta, digna y decorosa, acorde con su jerarquía y función; evitando comportamientos que puedan socavar la confianza del público en la integridad del funcionario y de la institución a la que sirve”. Entonces mal puede el director del área exigir a otros comerciantes y propietarios de grandes establecimientos el cumplimiento de las ordenanzas vigentes -o por lo menos no desde el plano ético- cuando su propio comercio incurre en irregularidades.