Desde octubre del 2008, en el Hospital Central funciona un pabellón penitenciario con capacidad para la internación de cinco pacientes privados de la libertad. Pero, según indica su director, el terapista Guillermo Elía, durante los últimos años este sector previsto para internos de penitenciarías se ha visto desbordado, obligando a la reubicación en lugares que no cuentan con la infraestructura propicia para tal fin, como son las salas comunes de internación.

A esto se suma que, a raíz del nuevo modelo sanitario dentro de los servicios penitenciarios (ver aparte), impulsado desde el 2010 por la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, que establece atención primaria y preventiva mensual de los internos, el número de estudios de baja y alta complejidad, como así también las interconsultas profesionales, se han visto sensiblemente incrementadas.

Esta nueva disposición de asistencia tiene como principal objetivo dar cumplimiento a las medidas cautelares impuestas a Mendoza por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los últimos tiempos y luego de que la provincia afrontara un paro de médicos que duró varios meses, la problemática se agudizó. La lista de espera de internos para ser intervenidos quirúrgicamente y los estudios médicos pendientes de realización crecieron y provocaron que la Justicia, a través de medidas ordenadas por jueces de Ejecución Penal y por la Subsecretaría de Justicia, ordenara al director del Central que se hicieran las cirugías y los estudios médicos.

En el escrito que recibió Elía se hace referencia a que será sancionado si no cumple con lo establecido. Así, urgido y amenazado con demandas penales ante su imcumplimiento, Elía se declara imposibilitado de dar respuestas y pide al Ministerio de Salud que aplique un protocolo de actuación en estos casos, en donde la carga que implica atender a los presos sea repartida entre otros servidores públicos.

"Yo tengo un grave compromiso que no puedo cumplir, el de dar respuesta a todos los pacientes. Por un lado, se me conmina personalmente a operar a 56 personas privadas de la libertad, pero no se tiene en cuenta que el hospital que dirijo también tiene su lista de espera propia, y no puedo decirle a esa gente que siga esperando porque la Justicia me ordena operar a todos estos internos antes", enfatizó Elía. El médico le suma a esto la imposibilidad física de dar acabadas respuestas más allá de las cirugías.

"Hay casos de diversa gravedad, pero, por ejemplo, existe un gran número de colostomías (ano contra natura), que implican por lo menos 20 días de internación postoperatoria. ¿Adónde ubico a esa gente mientras tanto, atento a que son pacientes que necesitan seguridad especial?", se preguntó el profesional. Otro inconveniente interno que acusa el director es el malestar que genera entre los médicos la atención de estos pacientes.

"Tanto profesionales médicos como enfermeros me exigen el pago de un ítem de riesgo para atender a estos pacientes, y a mí el penal no me paga por los internos. Existió un intento de convenio para que el penal pagara un canon mensual hace algún tiempo, pero nunca se cristalizó, y los gastos los afronta el Hospital Central solo", detalló Elía. Por este punto, desde el Ministerio de Salud, el subsecretario Enrique Quesada afirmó que no existe ítem alguno por la atención de estos pacientes, aunque aclaró que lo que sí aparece es un plus de riesgo psicofísico general que, en muchos casos, no se paga y que forma parte de los reclamos del sector profesional.

Elía indicó que no existe en el ánimo del hospital la idea de no atender más a estos pacientes, pero pidió ayuda al Ministerio de Salud para hacer frente a esta necesidad de atención. "No estoy diciendo no atender más, esta gente tiene derecho a ser atendida como corresponde, pero sí estoy hablando de distribuir las cargas equiparadamente e idear un plan de atención para el sector penitenciario donde no sea un solo efector el que se lleve toda la carga", finalizó el director del Central.

Un mal recuerdo

Todas las partes coinciden en que el antes y el después de la atención penitenciaria en los hospitales los marcó la trágica muerte del agente Nelson Haro, en abril del 2008, quien falleció a manos de tres internos que se fugaron en el Hospital Lagomaggiore. Durante ese año, el efector también sufrió remodelaciones edilicias, y desde entonces no recibió nunca más a los internos. "Es inútil pensar que pueda existir o crearse un hospital que sólo atienda a estos pacientes, eso es inviable. Los internos están bajo la custodia del Estado y, por ende, deben ser asistidos en el sector público, aunque no guste", explicó Enrique Quesada, subsecretario de Salud.

Respuesta oficial

Tanto desde la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos como desde la Subsecretaría de Salud afirmaron conocer la problemática y estar trabajando para aportar una solución. "Comprendemos la situación, pero es cierto que a los internos les asiste el derecho del paciente y es preciso respetarlos como a cualquier ciudadano", explicó Carlos Quiroga Nanclares, subsecretario de Justicia.

"Es verdad que desde que el Lagomaggiore dejó de atender internos el Central está solo, y no debe ser así. Entendemos también el interés del Gobierno en dar respuesta, ya que, gracias a la mejora del sistema, se levantaron las medidas cautelares", afirmó Enrique Quesada, subsecretario de Salud. Ambos informaron que la semana próxima habrá reuniones a fin de tratar el tema y buscarle una salida. Concretamente, la intención es diseñar un cronograma de atención que pueda involucrar a otros efectores y de esta manera descomprimir el Central.