Cuando todo parecía encaminado para que la minera Los Pelambres sacara las 40 millones de toneladas de basura que tiró en la cordillera calingastina, surgió una señal de alerta y que descoloca por parte de un máximo ejecutivo del grupo que controla a dicha empresa. En declaraciones a un medio chileno, el CEO de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, negó el retiro y habló solamente de llevar a cabo un cierre medioambiental, es decir, aislar y contener la montaña de escombros, pero que la misma quede en territorio sanjuanino.

Los dichos del directivo causaron sorpresa en la gestión uñaquista, ya que se contradicen con lo que funcionarios de Cancillería habían informado en el Senado y ante autoridades locales: que la compañía trasandina había presentado un plan de remoción y que inclusive ya se habían dado contactos con representantes del Ministerio de Minería local para su desarrollo (ver datos).

El tema no es para nada menor, ya que la llamada escombrera Cerro Amarilla ocupa 60 hectáreas de suelo calingastino y según una pericia oficial, contamina lagunas cordilleranas, es un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados, y que estos últimos podrían afectar los suelos y las napas. El peligro además radica en que las aguas que bajan de la escombrera pueden confluir en el río Carnicería, uno de los afluentes del San Juan.

El portal Mining Press recogió del Diario Financiero de Chile las manifestaciones de Arriagada, quien destacó que "creemos que como en cualquier escombrera o depósito de ese tipo, es importante proceder a su cierre medioambiental y eso es lo que hemos sostenido y creemos que es lo que hay que hacer". Una frase similar expresó Francisco Veloso, quien hoy es vicepresidente de Relaciones Institucionales, según la página oficial de Antofagasta Minerals. Por sus dichos, este directivo ya está en la mira de la Justicia Federal (Ver recuadro). En realidad, esa fue la postura de los representantes de Los Pelambres, la empresa que está bajo la órbita del grupo. Por eso significó un avance que presentara un plan de retiro, tal cual habían informado funcionarios de Cancillería argentina en el Senado y a autoridades de Fiscalía de Estado y de la cartera minera. Jorge Alvo, el titular del organismo encargado de defender el patrimonio provincial, manifestó ayer que las declaraciones del ejecutivo de Antofagasta Minerals "me sorprenden de sobremanera, ya que no se condice con lo anunciado por Cancillería y la orden del juez Federal Leopoldo Rago Gallo".

A instancias de la provincia, que actúa como querellante, y del fiscal Francisco Maldonado, el magistrado dispuso que se saque la escombrera, en el marco de la causa que lleva adelante por contaminación y usurpación de agua y suelo. En la misma, están imputados los exgerentes de la minera chilena Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls, sumado a Veloso, de Antofagasta Minerals. Los implicados enfrentan el riesgo de tener una condena en su contra.

Ese es uno de los frentes para la remoción de los desechos y el otro es la vía diplomática entre ambos países. Los Pelambres viene asegurando que armó la montaña de escombros en suelo argentino por la cartografía que le brindó el gobierno trasandino. Por esa razón, Arriagada sostuvo que "entendemos que hay discusiones entre los gobiernos, las que son adecuadas, porque este es un problema entre los gobiernos. Nosotros operamos de acuerdo a los permisos que nos fueron válidamente otorgados". Cancillería argentina informó que recibió de Chile el plan que elaboró de la minera.