Diputados respaldaron a vecinos de Berazategui que rechazan instalación de subestación

Legisladores de Proyecto Sur quieren constituir en el barrio San Francisco a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, donde vecinos fueron reprimidos por la policía al oponerse a la instalación de una planta generadora de electricidad considerada "contaminante".
Así lo informó en rueda de prensa, la titular de la referida comisión, Victoria Donda, junto con sus compañeros de interbloque Graciela Iturraspe, Verónica Benas y Eduardo Macaluse, a la que también asistieron un grupo de vecinos que denunciaron haber sufrido "graves agresiones" por un grupo de que vestía ropa policial pero sin identificación.

Al respecto, Iturraspe indicó que la idea es "constituir en el barrio a la comisión de Derechos Humanos" y expresó su "absoluta preocupación" por el ataque del que fueron blanco vecinos del barrio quienes hacían una vigilia para frenar la instalación de la subestación eléctrica "Rigolleau".

Al respecto, señaló que tras el ataque los vecinos no fueron recibidos por las autoridades del municipio y que en el hospital donde fueron atendidos los heridos no se les quiso labrar un certificado sobre las lesiones recibidas y denunció un presunto contubernio "entre el intendente local, el hospital, la policía y la empresa Edesur".

La legisladora recordó que en Ezpeleta, la subestación Sobral tiene similares características a la Rigolleau, donde ya se registraron 150 muertes por cáncer.

Además, señaló que a la reunión de comisión, pensada para la semana próxima, se piensa convocar al intendente comunal, Juan Patricio Mussi, hijo del ex intendente y actual secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan Mussi.

Los vecinos piden que la planta se instale a veinte cuadras, en una zona descampada, pero sostienen que hay presiones para evitarlo porque allí se piensan desarrollar emprendimiento inmobiliarios con salida al río de la Plata.

Además, recordaron que en el año 2006 ex intendente Mussi se había comprometido en un acta a rechazar la instalación de la subestación e incluso recurrir a tribunales internacionales, en caso de que la justicia local fallara en contra del reclamo vecinal, sin embargo, ahora parece haber cambiado de parecer.

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