En este sentido, la diputada Carmen Bertone fundamentó el pedido diciendo que “en los últimos tiempos hemos podido observar en muchos comercios de la provincia que el cobro de recargo por pago con tarjeta de débito o crédito se ha tornado “normal”, afectando de esta manera el poder adquisitivo de los empleados públicos y todos los usuarios”.

En ese sentido, la diputada vernista sostuvo que “según lo indica la Ley de Tarjetas de Crédito, los comercios no pueden cobrar recargos en las compras si se paga con tarjeta de débito o crédito en un solo pago, y el proveedor está obligado a no efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta”.

“En el caso de los pagos en cuotas, si bien la ley no lo aclara, el recargo se justifica cuando el comercio no tiene un contrato específico con el banco, pudiendo justificarse en este caso que el plus es financiero. Sin embargo, si el pago se realiza con tarjeta y en un solo pago -advirtió-, no hay ninguna posibilidad de realizar diferencia de precio”.

“Los comerciantes -agregó-, afirman que el recargo lo tienen que trasladar al consumidor ya que los bancos les cobran un recargo o retención por operar con tarjeta de crédito o débito (por el servicio), no tienen en cuenta que lo que pagan por el servicio de tarjetas (que les retienen las entidades bancarias) lo recuperan al incrementarse ventas, por ofrecer otras alternativas de pago”.

“En muchos comercios ese “plus” que pretenden cobrar por pago con tarjeta de crédito está “disfrazado” como “descuento por pago contado”, o bien como una diferencia entre el “precio de lista” y el de “contado-efectivo”, si bien legalmente no existe, se pone en práctica para justificar el recargo al pago con tarjeta, siendo una práctica desleal, abusiva e ilegal”, expresó.

Modificación al CPP

También Bertone fue la encargada de fundamentar la ley, aprobada por mayoría, que modifica a solicitud del Superior Tribunal de Justicia, el artículo 20 del Código Procesal Penal (Ley 332 y modificatorias), que quedará redactado de la siguiente manera: “la Cámara Criminal, a través de un tribunal unipersonal o colegiado juzgará en única instancia, todos los delitos cuya competencia no se le atribuya a otro órgano judicial; en los delitos de acción privada y en los correccionales cuando en el ámbito de competencia territorial del Juzgado de Instrucción no hubiere otro juez con competencia; en las cuestiones de competencia entre los jueces de instrucción y correccional; en los recursos de queja por justicia retardada o denegada por los jueces de instrucción o correccional”.

Dijo Bertone que “los jueces en la Cámara en lo Criminal ejercerán su jurisdicción en forma unipersonal cuando se deba proceder de acuerdo con lo previsto en el Libro III del Código Procesal Penal y en los casos de juicio abreviado, suspensión de juicio a prueba y aplicación del principio de oportunidad. Excepcionalmente la jurisdicción será ejercida en forma colegiada cuando a criterio del Presidente de la Cámara se tratase de causas complejas, cuando la defensa del imputado se opusiera de manera fundada al ejercicio unipersonal de la jurisdicción y en aquellos casos en que pudiese corresponder en caso de condena, la imposición de alguna medida accesoria por tiempo indeterminado”.

Bertone fundamentó sosteniendo que desde el STJ reclamaron esta modificación argumentando que “al analizar el monitoreo de los órganos de la transición en la aplicación del CPP, se aprecia que en la Cámara en lo Penal Nº 1 se constituyó en único tribunal con competencia en el juzgamiento de todos los delitos acaecidos en hechos hasta el 28 de febrero de 2010”.

“Para un mejor funcionamiento y prestación del servicio de justicia, resulta adecuado propiciar un cambio en el esquema de ejercicio de la jurisdicción por parte del Tribunal y para eso disponer la modificación del artículo 20 del Código Procesal Penal”.

El FrePam acompañó la iniciativa, y no así el bloque de Pueblo Nuevo ni del PRO, y tampoco lo hizo Comunidad Organizada.

Jueces

Los diputados aprobaron los acuerdos solicitados por el Poder Ejecutivo para que María Anahí Brarda sea jueza de Familia y el Menor de la Primera Circunscripción Judicial; Héctor Alberto Freigedo, juez de Control de la Tercera Circunscripción Judicial; y Gerardo Román Bonino, juez de Primera Instancia – Titular de Juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Tercera Circunscripción Judicial.

Por unanimidad se aprobó la designación de Bonino, pero en el caso de Brarda, el diputado Hugo Pérez, en nombre del bloque FrePam, dijo que no votarían favorablemente porque no cuenta con antecedentes que destaquen su capacidad para estar al frente de causas que involucran a menores.

Sandra Fonseca (CO) dijo que quien aceptó un cargo judicial por fuera de la metodología constitucional no puede ahora pretender el aval constitucional para un nuevo cargo por el precedente que dejaría, por lo que su voto también sería negativo. Y respecto a Freigedo, la legisladora expresó que no tiene antecedentes en la actividad profesional y que en los cargos judiciales anteriormente ocupados por él salteó los procedimientos constitucionales y rechazó el pedido de acuerdo.

También se aprobaron varias resoluciones, una que apunta a lograr que se reconstruya el pavimento de los últimos kilómetros de la Ruta Nacional 154, en sentido norte-sur, antes de arribar a la localidad de La Adela; y otra por la que se solicita al Poder Ejecutivo que coloque mayor señalización y reductores de velocidad en la curva de 90º que se encuentra en la Ruta Provincial 34 en cercanías a la localidad de Colonia 25 de Mayo. Finalmente se votó la instalación de postes de telefonía de emergencia (SOS), en el tramo de la Ruta Nacional 154, entre la Ruta Nacional 35 y la localidad de La Adela.

Unánime fue la decisión de los diputados de aprobar la resolución en la que solicitan al Poder Ejecutivo que dote al Instituto Privado Agropecuario de Arata de un edificio propio para el dictado de clases donde funciona actualmente el área técnica.