Señalan que a la empresa en cuestión le deben $ 44 millones y “no se sabe quién y por qué no paga y por qué no se reclama el pago de esa deuda”. Denuncian que tanto el Directorio de ECOM como el Gobierno provincial estarían desfinanciando la empresa estatal y generando un "estado de incertidumbre" en cientos de trabajadores que ven peligrar su fuente laboral, incluso sus futuras jubilaciones.

La denuncia del legislador radical y quienes lo acompañaban fue recibida por el Fiscal General, Heitor Lagos, y el Adjunto, Dugaldo Ferreyra. A ellos explicaron que llegaron a esta instancia luego de tomar conocimiento de la situación “preocupante” en cuestiones financieras por la que atraviesa la empresa ECOM, tras conocer detalles de la respuesta del Directorio de la misma al Pedido de Informe de la Legislatura que se menciona en la Resolución 292/13. Allí los responsables de ECOM precisan que le deben $ 44.554.472, a raíz de créditos, algunos de los cuales datan de hace diez años.

“Hasta la fecha se desconoce si ECOM ha tomado las medidas pertinentes para percibir el citado monto”, indica Domínguez y agrega que “tampoco se sabe si ha iniciado las acciones judiciales para cobrar lo adeudados”. En el mismo sentido el Diputado precia que en el informe del Directorio de ECOM afirman que existen proveedores de la citada empresa, que acumulan créditos por $ 7.684.808.

Domínguez pide a la FIA que “analice si existe algún de tipo de responsabilidad administrativa en perjuicio del erario público” ya que la afirmación del Directorio de ECOM de que en atención al carácter y naturaleza de sus clientes, esta empresa no realiza cobros por vía judicial (Sic), “no despeja dudas, no se sabe si son incobrables, o si se han realizado los trámites para que otros organismo del Estado provincial son los encargados de actuar a los fines de percibir el dinero adeudado”. Afirman que esta situación "genera incertidumbre en los empleados de la empresa que ven peligrar su fuente laboral y que el desfinanciamiento lesiona el derecho a una jubilación o una pensión adecuada, según denuncian los trabajadores".

Ante el estado de situación de la empresa Estatal es que el diputado Domínguez interviene con un pedido de intervención de la Fiscalía para que “se analice si existe algún de tipo de responsabilidad administrativa en perjuicio del erario público” y al mismo tiempo “disponga las medidas pertinentes tendientes a salvaguardar el patrimonio de las empresas públicas, y con ello el erario público”. Antes de retirarse, Domínguez, Yulán y Milar, consultaron al Fiscal General acerca del avance de otras denuncias presentadas oportunamente.