Los parlamentarios tomaron la decisión de recurrir a la Justicia luego de que la empresa Telefónica de Argentina informara de la existencia de cinco cortes intencionales al norte y sur de Río Grande. La denuncia plantea la violación del artículo 197 del Código Penal que estipula que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que interrumpiere o entorpeciere la comunicación telegráfica o telefónica o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida".

También se menciona que se ha dañado un derecho establecido en Tratados Internacionales de Jerarquía constitucional, como es el derecho a la información.

Cabe destacar que si bien los cortes de fibra óptica han sido moneda corriente en los últimos meses, en la mayoría de las oportunidades se debieron a imprudencias en la realización de obras públicas, y no a actos premeditados de sabotaje como en este caso.

"Están atentando contra el pueblo de Tierra del Fuego y la Justicia tiene que actuar y encontrar a los responsables. Es un delito grave", opinó Gorbacz.

El diputado comentó que "si así va a transcurrir la campaña se ve que algunos no aprendieron nada de la elección anterior. La gente denosta estas prácticas", y reclamó "todavía no escuchamos ningún repudio de la dirigencia política de la oposición".

Por su parte, la diputada Belous dijo que "es lamentable que ciertos grupos, que tratan de esconder sus pertenencias políticas, tomen como rehenes a toda la población de Tierra del Fuego cada vez que ven peligrar sus pretensiones electorales".