Los diputados resolverán sobre la suspensión de Hooft para quien la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo por aquél entonces del fallecido Eduardo Luis Duhalde solicitó el jury hace 7 años.

Los acusadores en el jury y querellantes en la causa penal consideran a Hooft participe de crímenes de lesa humanidad por visitar los centros clandestinos de detención, pudiendo ser advertida su presencia por Marta García de Candeloro, quien le solicitó ayuda, y éste la ignoró, aún tramitando en su juzgado el habeas corpus interpuesto por el Nicolás Candeloro en favor de su hijo desaparecido Jorge Candeloro y su esposa, la propia Marta García y conociendo que él había sido muerto por manos militares.

Estas visitas fueron reconocidas por el propio Hooft en diferentes declaraciones radiales, entre ellas la otorgada a Magdalena Ruiz Guiñazu en marzo del año 2006, así como también en las declaraciones de funcionarios policiales de la Comisaría Cuarta.

Además se lo acusa de tener relación directa con los ex Jefes de la Sub Zona Militar 15 a cargo de la represión en la ciudad de Mar del Plata, a la cual le remitió las denuncias por las desapariciones de abogados marplatenses para que el jefe, coronel Pedro Barda, sea quien investigara.

A pesar de esto, Hooft intercedió ante el coronel Barda para lograr la liberación del abogado Camilo Ricci, quien junto a los abogados Centeno, Alais, Bozzi, Fresneda, Jorge Candeloro y Marta Garcia de Candeloro y Mercedes Argañaraz de Fresneda estaban en el Centro Clandestino de Detención conocido como “La Cueva”, debajo del radar en la Base Aérea de Mar del Plata.

También se lo acusa de no dar el trámite que correspondía a los recursos de habeas corpus presentados a favor de los abogados desaparecidos en lo que la represión militar denominó “La Noche de las Corbatas”. En algunos casos no hay constancia de que los haya diligenciado.

Rechazó el recurso interpuesto en favor de Jorge Candeloro, a pesar de existir una constancia de que había sido detenido junto a Marta García por la Policía Federal de Neuquén y trasladados juntos a Mar del Plata. A los tres meses, octubre de 1977, el Coronel BARDA le remitió un comunicado por el cual le informaba que “el delincuente subversivo Jorge Candeloro había sido abatido por las fuerzas militares, al intentar escapar de las fuerzas de seguridad”.

Por esto Hooft no le pidió explicaciones al Ejército, no investigó esa muerte, no pidió la entrega del cadáver para reabrir el Habeas Corpus y entregarlo a la familia, no comunicó a la familia que el cuerpo de Candeloro había aparecido. Prueba de ello es que su padre lo siguió buscando hasta 1979, cuando interpone otro Habeas Corpus en la ciudad Neuquén.

No reabrió el Habeas Corpus cuando vio a Marta García detenida ilegalmente en el CCD que funcionaba en la comisaría Cuarta de Mar del Plata.

Entre las denuncias al juez Hooft se lo acusa de pretender hacer ver que Marta García había sustraído el expediente del Juzgado, cuando en realidad él le había remitido fotocopias completas al coronel Caridi de la Sub Zona XV. Inicio una reconstrucción en el año 1984 alegando siempre que Marta García lo había retirado en préstamo (dando a entender que ella lo tenía en su poder), remitió siempre esta reconstrucción cuando le fue requerida por tribunales y organismos.

Luego de 30 años el expediente es encontrado por Funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires entre los expedientes archivados correspondientes al Juzgado de Hooft. En el expediente original existen resoluciones dictadas por el magistrado acusado dictadas en 1981, 1984 y 1987, es decir con posterioridad a la reconstrucción por él ordenada.

En el caso Juan Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg, Hooft tuvo en su poder una nota de autorización que el coronel Barda hizo a una persona para que explote el campo de los secuestrados. Cuando se le requirió el expediente para incorporarlo como prueba al Juicio por la Verdad, Hooft dijo que alguien lo sacó del archivo y al día de hoy el mismo no apareció. Tampoco investigó las dos causas sobre la desaparición del matrimonio, dictando sin más trámite un sobreseimiento por no existir delito.

Rechazó el habeas corpus interpuesto a favor de Pablo Mancini a pesar de haber recibido una contestación de la Base Naval de Mar del Plata donde le informaban que Mancini estaba detenido allí. Hooft consideró que la “detención” se encontraba “justificada”, no le avisó al padre de Pablo Mancini que había interpuesto el Habeas Corpus y resolvió el archivo de las actuaciones. Este expediente fue encontrado luego de 30 años por funcionarios de la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires en el archivo correspondiente al Juzgado de Hooft.

Por último se lo acusa de haber tenido contacto directo con los centros de detencion clandestinos y saber quienes se encontraban en ellos. En la causa contra Gregorio Molina, represor del CCD “La Cueva”, un testigo aseguró que Hooft llamaba a dicho centro para averiguar por algunos prisioneros. El conscripto que estaba a cargo del conmutador relató que también informaba sobre algunos recursos de amparo.

El 6 de mayo de 2006 Eduardo Luis Duhalde, a cargo entonces de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, presentó contra el Juez Pedro Federico Hooft querella criminal por delitos de lesa humanidad cometidos por el juez durante la última dictadura cívico-militar (causa 17521, Juzgado Federal nº 3 a cargo del juez Rodolfo López de Mar del Plata).

Adhieren a dicha querella la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Bs. As., los Organismos de Derechos Humanos de la ciudad de Mar del Plata y víctimas directas de los delitos que se le imputan.

Por otra parte, los Organismos de Derechos Humanos y Asociaciones Gremiales de la ciudad de Mar del Plata, la Comisión Provincial por la Memoria en la firma del Fiscal Hugo Cañon y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Víctor Mendibil en representación de CTA – Nacional y la Federación Judicial Argentina, y la ABBA (Asociación de Abogados de Buenos Aires) presentaron ante la Secretaria de Denuncias y Acusaciones contra Magistrados y Funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires el pedido de juicio político contra el Juez Pedro Federico Hooft. También en el mes de julio de 2006 hizo lo propio la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.

Tanto en la causa penal como en el jury, Hooft opuso excepción de cosa juzgada, alegando que ya había sido juzgado por los hechos que se le imputan. La justicia penal de primera y segunda instancia le rechazó su planteo, e hizo lo propio el Jurado de Enjuciamiento. El 20 de marzo de 2009 el Jurado de Enjuiciamiento resolvió llevar adelante el juicio político a Hooft.