El hecho ocurrió la última semana de agosto y afectó también a escuelas de San Martín y Junín de los Andes. Reclaman que Camuzzi explique "“los protocolos que se siguen ante situaciones de restricción del suministro.”
El proyecto de comunicación obtuvo despacho unánime este miércoles en la comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones, y está dirigido a la empresa Camuzzi Gas del Sur, Enargas y Transportes de Gas del Sur –TGS-.
Al fundamentar, Luis Sapag –MPN-, presidente del cuerpo, explicó que el proyecto manifiesta preocupación por la elección selectiva de los cortes, que afectaron principalmente a edificios educativos de Villa La Angostura, San Martín y Junín de los Andes, por catalogarlos como ‘grandes consumidores’.
“Esto generó un fuerte impacto en las poblaciones en cuestión, y la situación requiere de una explicación ya que se afectó directamente a cuatro escuelas de Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura”, expresó Luis Sapag.
El diputado del MPN explicó además que, “si bien hubo declaraciones del organismo distribuidor del servicio, la norma apunta a puntualizar en los argumentos que llevaron a tomar tal determinación y a conocer los protocolos y reglamentos de funcionamiento de cada organismo para los casos de disminución del servicio y su consecuente interrupción”.
A su turno, el diputado Raúl Podestá –FG NE-, propuso incorporar un pedido de informe sobre “los protocolos que se siguen ante situaciones de restricción del suministro.” Mencionó que en Zapala también se realizaron cortes del servicio en fábricas, aún cuando esa localidad no está inserta en el sistema interconectado, a diferencia del gasoducto cordillerano. “Se actúa de manera estandarizada en todo el país, cortando el gas a escuelas y fábricas,” expresó.
Finalmente, los diputados acordaron extender el pedido de informe a las empresas involucradas en la provisión del gas y solicitarles también copia de los protocolos, reglamentos y normativas que se siguen ante situaciones de escasez.
En otro orden, el cuerpo aprobó por unanimidad un proyecto que respalda la sanción de una ley nacional que dispone a la telefonía celular como un servicio público esencial. Gabriel Romero –PNN-, autor del proyecto, explica que una mayor incidencia del Estado permitirá establecer una ley de marco regulatorio de la actividad, un mecanismo de audiencia pública para establecer el cuadro tarifario, y un ente de control autárquico que regule y sancione a las empresas “hegemónicas,” que hoy proveen el servicio.
Estuvieron presentes los diputados Luis Sapag, Daniel Andersch, Raúl Béttiga, Edgardo Della Gáspera, Raúl Podestá, Alejandro Vidal, Luis Sagaseta, Gabriel Romero, Raúl Godoy, José Rioseco, Fernanda Esquivel y Manuel Fuertes.
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