Finalmente fue la Cámara de Diputados el ámbito elegido por el oficialismo para reaccionar -quince días después de conocido- en torno al informe de Auditoría General de la Provincia que concluyó que el gobierno no tenía motivos para hacer una contratación directa de los kits escolares en 2008 y que además no siguió los pasos legales de ese procedimiento. Carlos Figueroa Guardo y Alfredo Petrón, fueron los legisladores designados para defender la gestión de Urtubey mediante un ataque frontal al informe de Auditoría que cuestionó una de las primeras decisiones administrativas de la actual gestión.

Figueroa Guardo dejó bien al desnudo la estrategia que había sido elegida por el oficialismo: de buenas a primeras recordó que Luis Costa Lamberto -el auditor bajo cuya responsabilidad se llevó adelante la investigación- había sido secretario de Finanzas de Juan Carlos Romero.

De allí, y de pronunciamiento públicos de otro auditor, Daniel Nallar, Figueroa Guardo concluyó que la Auditoría General de la Provincia no tiene "credibilidad", una observación que no había sido hecha por el oficialismo cuando en el mismo recinto se discutió el informe sobre Plumada.

Alfredo Petrón, ex interventor del Instituto Provincial de Salud de Romero, también lo calificó como "político" y enalteció la decisión política de Urtubey de cumplir en los primeros meses de su gestión con su promesa de repartir kits escolares a los alumnos salteños.

Según Petrón -que evitó mencionar el pasado romerista de Costa Lamberto- el auditor hizo una evaluación política al concluir que no había razones para hacer una contratación directa. Y argumentó que sólo el gobierno estaba en condiciones de decidir si estaban dadas las condiciones para hacerlo. "Urtubey asumió el 10 de diciembre, en enero tuvo las reformas presupuestarias. Y en ese momento leyó que la ley contrataciones le habilitaba a la contratación directa si no estaba en condiciones de llamar a concurso de precios o licitar. Y no lo estaba, porque estaban a pocas semanas de iniciar las clases", insistió.

Luego, atacó a Virginia Cornejo, que antes había calificado los manuales como un "mamarracho". "Cuando los sectores conservadores ven que se toman estas medidas que significan mayor igualdad de oportunidades, hacen estas calificaciones", señaló. En cambio, admitió como razonable la observación de que la contratación directa de los kits no hubiera sido publicada en el Boletín Oficial. Oficialistas y opositores, acordaron al término del debate, enviar el informe de la AGP a la Comisión Bicameral Examinadora de las Cuentas de Inversión, donde había terminado el informe de la AGP sobre la digitalización del patrimonio bibliográfico del Complejo de Bibliotecas, en medio de algunas expresiones de deseos de que el caso sea investigado por la Justicia.

Urtubey en la mira

Los legisladores opositores había hecho antes una lectura totalmente distinta del informe, al punto que un observador desprevenido hubiera concluido que se trataba se uno diferente del que había analizado el oficialismo.

Virginia Cornejo, la impulsora del trabajo de la AGP sobre los kits, insistió que no había ninguna necesidad de adoptar el procedimiento de contratación directa, destacó la celeridad que tuvo el trámite en la administración, y subrayó que hubo dos organismos que debieron haber actuado pero no recibieron el expediente: el Departamento de Contratación y la División de Compras del Ministerio de Educación.

Javier David utilizó su oportunidad para atacar directamente a Urtubey. Lo hizo citando el descargo de la entonces ministra de Educación, Marta Torino, que resaltó ante la Auditoría que no había tenido parte en el proceso de contratación, y reiterando que había sido una decisión tomada por el propio gobernador que permitió un "ensanchamiento del estándar de legalidad".

Claudio del Plá, en cambio, resaltó la similitud del caso de los kits escolares con el de Plumada. "Tienen la misma matriz, por la que los funcionarios se saltaron el mismo orden legal que invocan cuando deciden reprimir cualquier manifestación", resaltó.