Este jueves, el Dr. Eduardo Romanín y su representante legal, Dr. Horacio Santana, se presentaron en el Palacio Municipal para entregar un oficio a través del cual el Juzgado Contencioso y Administrativo a cargo del Juez Fernández, instó a la Municipalidad de General Pueyrredón a que “en el plazo de 15 días proceda a remitir al Juzgado, en original o fotocopia certificada por funcionario competente, los expedientes administrativos” por los cuales el intendente Pulti declaró de interés público la presentación efectuada por Emprendimientos Terminal SA, asignándole el cáracter de iniciador, para el proceso de privatización del cotizado predio de la ex terminal de micros, delimitado por las calles Alberti, Las Heras, Garay y Sarmiento. .

Al respecto, el Dr. Santana manifestó que de esa forma “se dio cumplimiento a la resolución del Juez Fernández en la Causa Andriotti Romanín Eduardo Luis c/ Municipalidad de General Pueyrredon s/ pretensión anulatoria en la cual se solicita la anulación del decreto 1.622/2010 dictado por el Intendente Municipal el 27 de julio, que declara de interés público la presentación de Emprendimientos Terminal S.A. en la vieja Terminal, asignándole el carácter de iniciador privado y en la que se determina como proyecto sobre el cual habrá de llamarse a licitación, siendo ese grupo empresario quien habrá de gozar de las franquicias y ventajas que la normativa otorga al iniciador privado frente a otros postulantes en la eventual futura licitación”.

A su vez, el letrado, señaló que con ese recurso judicial “se pretende dar intervención a la Justicia, en lo que a nuestro criterio representa la certeza de afectarse el patrimonio público municipal, no sólo desde el punto de vista estrictamente económico, sino y fundamentalmente por hallarse seriamente comprometido el patrimnio cultural e histórico de la ciudad, en tanto no se atiende al objeto de la Ley Nacional 25.166 en la que se determina claramente el destino cultural de la cesión que la Nación otorga a la municipalidad, como también de la ordenanza municipal N° 13.127, de idéntico tenor”.

“De ello se sigue, no ya la simple posibilidad, sino la certeza de perjuicio inminente y la alteración y agravamiento de la situación de hecho que se procura resguardar toda vez que de proseguirse con las actuaciones, tal y como las está conduciendo la Administración Municipal, habrán de consolidarse derechos de particulares, claramente en colisión con interés público y a la propia Ley y, en consecuencia, se podrá colocar a la municipalidad frente a la obligación de indemnizar por eventuales perjuicios que pudieran originarse justamente en su proceder irregular”, completó.

Al ser consultado sobre el perjuicio que podría originar la medida de anulación del decreto municipal, Santana sostuvo que “la medida solicitada está dirigida a resguardar eventuales daños al interés público que se exhiben como una real certeza”.

El Dr. Eduardo Romanín, por su parte, informó que “otros sectores políticos tomarán idéntica actitud, como el ex concejal Juan Carlos Cordeu, que hará idéntica presentación, como así también los referentes del Partido Frente Grande, sectores del Frente para la Victoria, Partido Comunista Revolucionario y otros sectores sociales que ven como nosotros el tema con preocupación”.

“También desde la Legislatura Nacional, Graciela Iturraspe y Eduardo Macaluse, presentarán sendos pedidos de informes por considerar que se estaría violando el objeto de la ley que determina el destino cultural del predio ya que los dos proyectos vigentes tienen en diferentes medidas un fin netamente comercial”, añadió.

Por último, destacó que “sectores del GEN acompañarán la medida a nivel local y propondrán a la diputada Margarita Stolbizer apoye el pedido de informe del bloque SI en la Unidad Popular, como lo harán también los Diputados Rivas y Tedrós”