El estado tiene actualmente el 27% de las acciones, con lo cual, de prosperar el proyecto, sumaría un 24% que llevaría su participación al 51% y lo convertiría en socio mayoritario y controlante. Actualmente, el 37% de las acciones son del Grupo Clarín, un 22.5% de La Nación, un 12% de Cimeco (perteneciente al Grupo Clarín) y un 1% de accionistas terceros.

La iniciativa declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación” el 24% del patrimonio de Papel Prensa, en acciones A y C, por “causa de utilidad pública” y con prohibición de transferirlas a futuro sin el aval de dos terceras partes del Congreso.

La cotización, indica el artículo 4º, se efectuará a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Advierte, en el siguiente apartado, que Papel Prensa seguirá operando como sociedad anónima abierta, con lo cual quedará excluida de recibir la normativa de administración, gestión y control del Estado nacional.

Por último, se establece que la Comisión nacional de Valores convocará, el mismo día de la promulgación de la Ley, una asamblea de accionistas para tratar “asuntos que se consideren necesarios y relevantes a los fines de la presente”.