En la jornada de ayer, los diputados opositores Marita Colombo y Juan Pablo Millán (FCS) obtuvieron copias del expediente situado en el Tribunal de Cuentas (TC) por la licitación pública del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para la adquisición de terrenos por cerca de $20 millones.

"Surgen más dudas que certezas porque no queda claro cuáles fueron los parámetros de ponderación para licitar con uno u otro oferente. Además, las 300 hectáreas figuran en rojo en el mapa de la ley de Bosques, por lo que entendemos cómo sanearon esta situación los propietarios de esas tierras", disparó Millán.

El legislador señaló que los terrenos situados en la zona de La Quebrada también figuran como un área con "importantes reservas arqueológicas", destacando que existe una ordenanza municipal que lo prevé. "Y aún así se avanzó con esta licitación", aseveró a El Ancasti.

A su vez, indicó que no está resuelta la impugnación presentada por Guadalberto Eduardo Castillo -quien ofreció 28 hectáreas-, por lo que no debería haber avanzado el proceso. "El expediente no puede seguir como un trámite normal. Ni siquiera existe un camino para acceder a las 300 hectáreas. Es algo traído de los pelos", reclamó.

También acotó que en el expediente figura la opinión de una consultora privada que luego fue avalada por la Secretaría del Ambiente de la Provincia. "La investigación que iniciamos no es contra los oferentes de los terrenos, que sí se aprovechan del Estado bobo, que no es la institución, sino quienes lo componen", enfatizó Millán.

El ganador de la licitación fue un grupo de empresas conformado por Yucuco SA, Comercial El Tala SRL, Antonio Guillermo Villafañe y Pablo Augusto Acevedo, que ofrecieron 300 hectáreas. El presupuesto oficial de la licitación era de 20 millones y se otorgó por $ 19.700.000. Pero Castillo planteó un recurso de "reconsideración jerárquico en subsidio".