En el bloque de diputados provinciales del PJ existe un amplio consenso para sacar adelante el pedido de jury de enjuiciamiento contra los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo que le dieron un guiño a la acción de amparo de un grupo de ciudadanos que demandaron la ley de cupo para cargos partidarios y electivos. La Legislatura transitará esta semana horas clave en la determinación de los pasos a seguir en este polémico tema.

El debate se instaló con fuerza en Diputados hace ya dos semanas y ahora la Comisión de Asuntos Institucionales deberá evaluar la resolución promovida por el bloque oficialista y emitir en consecuencia un dictamen para su tratamiento en el recinto. Aunque todo pasa por una cuestión de números, la bancada justicialista estaría dispuesta a dar luz verde a la resolución y avanzar así en el jury de enjuiciamiento contra los jueces Luis Oscar Morales, Benjamín Villafañe y Silvia Teresa Maurín.

Para los legisladores del PJ la actuación de los magistrados que intervinieron en el caso pusieron de manifiesto un exceso "sin precedentes en la provincia", aduciendo que en su carácter de jueces de instancia ordenaron a la Legislatura jujeña la sanción de una ley para satisfacer la pretensión contenida en la demanda en un plazo de tres meses, bajo apercibimiento de aplicar multas y sanciones conminatorias. Cabe señalar que el fallo también impone ordena al Ejecutivo promulgar una eventual norma que sanciones el Legislativo.

Los diputados del PJ promovieron el jury basando su argumentación en que todo lo atinente al proceso de formación de leyes, conforme a lo establecido en la Constitución de la provincia, es resorte del Reglamento Interno de la Legislatura y que dicho instrumento es el que determina las modalidades de presentación, estudio y consideración del proyecto.

Para los legisladores la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo infringe esa disposición, puesto que impone el tratamiento compulsivo de un proyecto de ley en un plazo arbitrario que sólo podría haber sido fijado por el Reglamento Interno, y lesiona al sistema constitucional desde el momento que impone al Poder Ejecutivo la obligación de promulgar la ley que sancione la Legislatura, privándolo de un potestad propia del sistema de gobierno adoptado por nuestra provincia, "limitando al gobernador en sus facultades".

Desde la bancada oficialista se hizo hincapié en que no les incumbe a los jueces, en el ejercicio regular de sus atribuciones, sustituir a los otros poderes del Estado en las funciones que les son propias, sobre todo cuando la misión más delicada de la Justicia es la de mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, "sin menoscabar las funciones que le corresponden a los otros poderes".

El proyecto de resolución del justicialismo solicita al Superior Tribunal de Justicia la promoción del jury de enjuiciamiento contra los jueces Luis Morales, Benjamín Villafañe y Silvia Maurín, ésta última en su condición de jueza habilitada, por su actuación en el expediente caratulado "acción de amparo María Inés Zigarán, Patricia Sandoval y otros contra el Estado provincial". Existe voluntad del bloque del PJ en pleno de avanzar en el jury y dar por terminado un tema controversial que derivó en un conflicto de poderes sin antecedentes.