Las 50 familias que viven en el Barrio Arturo Illia vienen peregrinando desde la década del 80 por la escrituración de los terrenos donde tienen construidas sus casas. Ocurre que en esa época a través del programa PAN (Programa Alimentario Nacional) que también tenía la posibilidad de brindar ayuda de emergencia habitacional en aquellos casos que así lo ameritaba, se construyeron 50 viviendas de emergencia en terrenos de privados. Concretamente esos terrenos pertenecían a la firma Maliman, por lo que debía realizarse la expropiación correspondiente. Esa etapa nunca llegó y los propietarios han estado pidiendo una solución desde entonces.

El diputado departamental Emilio Fernández es el autor del proyecto donde se expropiarán esos terrenos para poder regularizar la situación a los vallistos.

Pero el dato llamativo es que la empresa propietaria de los terrenos ya no existe y no hay registros de la misma desde hace años en el Registro de la Propiedad y en el Registro Público de Comercio. "La empresa propietaria no existe según los registros que han sido consultados. La verdad es que ha desaparecido y no tenemos más información sobre la misma. Éste era uno de los obstáculos que se habían presentado durante todo este tiempo. Los vecinos no tenían dónde reclamar ni con quién hablar, no tenían un interlocutor válido con los dueños de los terrenos", dijo Fernández.

De esta manera el Estado provincial deberá pagar $200 mil por los terrenos, cifra que surge del cálculo que realizó el Tribunal de Tasaciones. Esos recursos serán depositados en una cuenta especial por un lapso de un año y medio, a la espera del reclamo que podría hacer un ex propietario de la firma Maliman.

"Los fondos estarán en la cuenta especial y si no los cobra nadie, como va a suceder en este caso, los recursos vuelven a las arcas del gobierno provincial. Así que para nosotros, desde lo público, también es conveniente", aclaró Fernández.