Aún estando todos de acuerdo, los legisladores no se ahorran los dardos envenenados sobre lo que han hecho ellos mismos o sus antecesores en el tratamiento de los distintos temas. Ayer no fue la excepción y cuando se trató el pedido de informes al Ministerio de Bienestar Social sobre la realidad actual de funcionamiento del IPESA, y a pesar de haber unanimidad en la cuestión, no faltaron los reproches cruzados.

Lo concreto e importante es que el pedido de informes al Ejecutivo, según fundamentó la legisladora del FrePam, Lidia Duperou, tiene origen en las situaciones de fugas, motines y hechos de violencia que se han registrado en el IPESA. “Este es el principal motivo para tener un cabal conocimiento del funcionamiento del Instituto”, remarcó la diputada.

“Es de público conocimiento los acontecimientos que se han venido dando en el ámbito del IPESA -dijo-, lo cual genera muchos interrogantes acerca de si realmente cumple con los fines de resocialización y educación de los adolescentes allí alojados”. Agregó luego que “en el transcurso de pocos meses pudimos advertir a través de los medios la situación de crisis del Instituto, donde se da cuenta de decenas de fugas de alojados, motines y de todo tipo de situaciones violentas”.

También citó los planteos que hicieron los delegados gremiales del Instituto, que advirtieron que el IPESA no era otra cosa que ‘un depósito de chicos’ donde reina la ‘anarquía y el caos’, todo sobre lo cual responsabilizaron a las autoridades ante la falta de personal y de un manual de procedimientos.

“Notamos que en muy poco tiempo -siguió Duperou-, ha empeorado radicalmente la situación del IPESA, por eso nos urge conocer la cantidad de jóvenes alojados, de operadores en actividad, su capacitación, los planes de educación y socialización, los resultados obtenidos, entre otros puntos”.

Remarcó que “la mayoría de los alojados son niños en los términos de la Convención de los Derechos del Niño, a los cuales en estas condiciones de alojamiento les están siendo vulnerados gran parte de esos derechos, cuando en realidad debería ser un lugar que los contenga, los eduque y los resocialice”.

Luego fue el turno de la tiernista diputada Sandra Fonseca, quien comenzó diciendo que si bien acompañaba el proyecto de Resolución, consideraba que el IPESA ‘nació mal’, porque por un lado se lo presentó como un instituto modelo de resocialización, cuando no era más que una copia del sistema carcelario de Marcos Paz y que existía allí un régimen ‘deshumanizante’, un ambiente ‘carcelario’. “Este lugar es terrible”, redondeó.

Pidió, después de cuestionar el rol que juegan quienes definen el alojamiento de los menores en el IPESA y que, evidenció, luego se desentienden de esos chicos, que este proyecto no sea un proyecto más, sino un punto de inflexión para hacer un replanteo integral del abordaje de la problemática que afecta a niños y adolescentes.

El hecho que Fonseca haya dicho que el IPESA ‘nació mal’, encendió los ánimos de la justicialista Patricia Lavín, quien le enrostró que al momento de crearse el Instituto, su ‘jefe político’ -por su esposo, Juan Carlos Tierno-, era ministro de Gobierno, “y nunca lo escuché hablar mal” del instituto, expresó.

“Nosotros acompañamos este proyecto de Resolución, porque queremos tener datos concretos, pero no avalamos que se diga que el IPESA nació mal”, arremetió la legisladora del PJ, y recordó que al momento de votarse el proyecto que, al entenderé del PJ, daba ‘respuesta’ a la problemática de los jóvenes en conflicto con la ley, la oposición no participó del debate en el recinto, sino que ‘huyeron como ratas’ de la sesión.

“No permito que diga que la oposición ‘huyó como ratas’, habrá tenido algún motivo”, terció finalmente el radical Carlos Bruno, en defensa de sus pares de la anterior conformación de la Cámara.

En concreto el proyecto se aprobó por unanimidad, como también se aprobó con el voto de todos los legisladores el rechazo a las expresiones, vertidas un par de meses atrás, del genocida dictador Jorge Rafael Videla a una revista española.

Otro tema que se aprobó en la sesión de ayer tiene que ver con la declaración de área protegida la zona de los bañados de la cuenca de los ríos Salado-Chadileuvú, con la finalidad de integrar esa área al ‘sistema provincial de áreas protegidas’.