El asunto llegó a la Legislatura luego de que el Superior Tribunal de Justicia y el Poder Ejecutivo tejieran los acuerdos que determinaron que para jueces y funcionarios iba a asignarse un aumento de sueldos de entre el 40 y el 60%, y sólo un 20% para los empleados. Los convenios fueron suscriptos por dos de los tres gremios judiciales, que luego, ante el malestar generado en los trabajadores del sector, decidieron declarar públicamente que dejaban sin efecto lo firmado.

En paralelo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios reclamó a los diputados que no se modifique el reparto definido con el Superior Tribunal, pero los legisladores temen pagar los costos del malestar de los empleados y además saben que la “diferenciación salarial” puede originarle al Estado una nueva demanda multimillonaria, como las que ya perdió la provincia por medidas similares adoptadas en 1985 y 1991.

Por eso, hasta ayer crecía el consenso entre los diputados por adoptar una salida intermedia que no pase por violentar la “ley de enganche”, que está vigente y establece que jueces, funcionarios y agentes judiciales son parte de una estructura salarial regulada por un sistema de porcentualidad que vincula las remuneraciones de unos con las de los otros.

Doble turno

La actuación definitoria de los diputados se producirá en un doble turno. Por la mañana, a partir de las 9.30, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto volverán a recibir a los distintos estamentos del Poder Judicial, tal como lo hicieran el lunes pasado, con la intención de ver si es posible encontrar una fórmula que conforme a todas las partes.

En reserva, los legisladores admiten que es difícil que eso se logre. Los jueces del Superior Tribunal y los de instancias inferiores no piensan resignar fácilmente la recomposición que ya daban por conseguida. Los trabajadores, a su vez, quieren que el aumento salarial sea porcentualmente el mismo para todos y se mantenga la ley de enganche.

Si ese punto de acuerdo no aparece, serán los diputados los que tendrán que definir hacia qué lado inclinar la balanza, en medio de fuertes presiones que involucran al gobierno provincial, al Superior Tribunal, a los tres sindicatos judiciales y a las entidades de abogados, que no son ajenas al conflicto porque las medidas de fuerza que se desencadenaron con el problema los afectan directamente.

Los bloques como tales se mantuvieron hasta ahora cautelosos. El PJ mira hacia el Poder Ejecutivo, que en principio consintió el aumento diferenciado pero no quiere malquistarse con los trabajadores ahora que el conflicto se agravó; y la Alianza tampoco quiere quedar mal parada ante los gremios pero quiere mantener el vínculo con los jueces radicales que integran el Superior Tribunal.

Otros grupos parlamentarios están expectantes. Ayer, el Frente Grande formuló una propuesta concreta, mediante un proyecto que propone asignar a magistrados, funcionarios y empleados un aumento del 20%, en dos tandas, como preveía el gobierno, agregando una bonificación por mayor dedicación, también del 20% y en dos etapas, para los tres sectores internos de la justicia provincial.

La hora de la verdad será la sesión ordinaria de la tarde, que seguramente avanzará hasta bien entrada la noche, y donde se votará la norma que dirimirá el asunto. En la Cámara tampoco se descarta una nueva postergación, como ya ocurriera en la sesión de la semana pasada, pero se lo estima improbable ya que de otro modo la liquidación salarial judicial de marzo no tendrá variantes y eso es algo que ni jueces ni funcionarios ni empleados quieren.