Una delegación de la FEPAMCO, liderada por su presidente, Abel Argüello, participó ayer de la comisión de Asuntos Agrarios que preside el justicialista Alfredo Schanton. En ese encuentro los cooperativistas explicaron la situación, grave a su entender, surgida el año pasado a partir de una resolución del Ministerio de Obras Públicas que determina la propiedad del Estado provincial de las columnas.

Argüello realizó una cronología de los hechos, remarcando que en un tiempo las cooperativas consensuaban con las cableras (empresas de televisión por cable) el canon para la utilización de sus columnas. A fin de los ‘90 salió una resolución donde el costo del alquiler de esas estructuras lo comenzó a determinar la APE. Luego, ya en el gobierno de Oscar Jorge, este organismo sacó una nueva resolución que establece restricciones a los derechos de las cooperativas que ‘las afectan gravemente’, indicó el dirigente.

Las cooperativas cuestionaron estas restricciones y como respuesta lo que obtuvieron fue que el año pasado el Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Jorge Varela, sacó la polémica resolución 32/12, donde directamente el Estado se apropia de las columnas.

Más allá de los recursos administrativos presentados por las cooperativas, de los que no han obtenido respuesta alguna, lo que pretenden las entidades es que se derogue esa resolución 32/12 y que se consensúe una nueva normativa que atienda el derecho de ambas partes, es decir que las cooperativas cobren directamente el canon, que se fije una fórmula polinómica de actualización de esa tarifa y que, por otro lado, el Estado asuma el poder de policía para determinar quién y en qué condiciones las empresas pueden hacer uso de esa infraestructura, sin entrar en la discusión de fondo respecto a la propiedad de las columnas.

Los dirigentes entienden que la resolución 32/12 es confiscatoria y que afecta gravemente el patrimonio de las cooperativas. Además advierten que así como ahora el Estado avanza sobre las columnas con el argumento de que se trata de un servicio público, podría luego avanzar sobre otros bienes de las entidades, que obviamente están afectados a ese servicio público.

Lo que no quieren las cooperativas es tener que recorrer el camino de la justicia, ‘y no porque no tengamos argumentos’, dijo Argüello, sino porque prefieren una solución consensuada al conflicto, de allí que se recurra a la Legislatura para que legislen en el sentido de una derogación de la resolución ministerial.

Lo que pidieron expresamente los dirigentes es que la decisión que tomen los legisladores sea con el consenso de todos los bloques. Hubo un compromiso de los diputados de trabajar al respecto, pero por lo que quedó en evidencia de las palabras del oficialismo, en el marco del análisis de la situación se consultaría al Ejecutivo.