La comisión de Hacienda aprobó un proyecto por el que se deroga el artículo del Presupuesto que autorizó al Ejecutivo a buscar un préstamo.
La iniciativa no tuvo el acompañamiento de los diputados del FCS. "Creemos que los excedentes fiscales no justifican la insistencia con el endeudamiento", ratificó el diputado Juan Cruz Miranda.
El legislador recordó que cuando la Legislatura avaló la toma del préstamo era otro el contexto económico. Según su análisis, la mejora de los ingresos por coparticipación federal, el fondo sojero y la adhesión al programa de Desendeudamiento determinan un nuevo escenario económico en el que a la Provincia no le convendría incrementar su deuda pública.
El subsecretario de Finanzas, Ángel Osman, ratificó que la Provincia intentará acceder a un préstamo y por ello convocará a una segunda licitación. Hasta ahora ningún banco ni organismo financiero presentó oferta alguna para prestarle a la Provincia.
Osman aseguró que se necesita el financiamiento porque durante los primeros 8 meses del año , la Provincia pagó vencimientos de deuda sin contar con los envíos por el Programa de Asistencia Financiero que estaba comprometido por Nación. Ese financiamiento, que estaba contemplado en el presupuesto, era para pagar $ 180 millones que corresponden a vencimientos de capital.
El diputado Juan Cruz Miranda coincidió en algún punto con el subsecretario de Finanzas, Ángel Osman pero señaló que aún así la Provincia tiene excedentes fiscales para cumplir los compromisos.
Según su estimación, el incremento de la coparticipación y los efectos de la adhesión al Desendeudamiento preanuncian un escenario holgado para la Provincia.
EFECTOS
El acuerdo con la Nación
Según el diputado Juan Cruz Miranda, por la adhesión de Catamarca al Programa de Desendeudamiento se realiza una quita de un 15% sobre el monto total de la deuda que se estimó en $1238 millones. Así se origina una nueva deuda de $1060 millones de pesos.
Los vencimientos de capital e intereses a partir de la entrada en vigencia del Programa y hasta el 31 de diciembre de 2011 serán diferidos a partir de enero de 2012.
Implica un desahogo financiero de $ 60 millones por lo que resta del año y $ 180 milones para el 2011.

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