La Cámara de Diputados acelerará el debate de la ley para transformar algunos juzgados y de esta manera atenderá el reclamo del Gobierno.

Fue el propio PJ el que buscó responder rápido al pedido oficial. El diputado justicialista Alejandro Viadana, titular de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (allí está el proyecto), indicó que la iniciativa se discutirá en la sesión de este miércoles.

Viadana aclaró que los legisladores del oficialismo firmaron el despacho la semana pasada y que la demora no es su responsabilidad, sino que eso es culpa del radicalismo. Precisó al respecto que la pretensión del PJ era que el despacho tuviera las firmas de todos los miembros de la comisión, pero dijo que los de la UCR no lo hicieron. En cambio sí, firmaron los representantes del PD y Daniel Cassia, de Compromiso Federal.

De todos modos, la decisión del peronismo es que no se atrase más el trámite legislativo, ya que el proyecto es uno de los que se plantearon hace cerca de dos meses para enfrentar la urgente crisis de inseguridad. Además, a pesar de no haber firmado el proyecto, el radicalismo daría los votos para aprobarlo, ya que la norma no es conflictiva y no generaría un mayor gasto.

El proyecto busca convertir los juzgados correccionales en juzgados de garantías y de flagrancia, con lo cual la Justicia tendría más celeridad y eficacia, ya que habría más “decisores” a la hora de autorizar allanamientos policiales o cuando se juzga a una persona que fue detenida “in fraganti” en el lugar del hecho.

El Gobierno mandó el proyecto después de la muerte del médico Sebastián Prado y en las comisiones se evacuaron casi todas las inquietudes. Se descartó, por ejemplo, que algún magistrado pueda quejarse de una ley que los obligará a resolver más expedientes que hasta ahora.

La subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, defendió esta semana la idea pues es de fácil aplicación. Sin embargo, el diputado radical Luis Petri afirmó que la ley no traerá grandes beneficios en el esclarecimiento de delitos, ya que el problema principal de la Justicia provincial es la falta de fiscales.

Paquete. La muerte de Prado aceleró una serie de proyectos cuyo nivel de avance es disímil. El compromiso es sancionarlos todos antes de fin de año, pero hasta aquí sólo se aprobó uno: la creación de un registro de datos genéticos de los delincuentes.

El proyecto para transformar los juzgados correccionales va por el mismo camino. Pero el más importante de todos es el de creación de la Policía Judicial y a ese le falta mucho para llegar al recinto.

La demora de esta iniciativa generó críticas por parte de la UCR. Sin embargo, tanto el Gobierno como legisladores del oficialismo dijeron que no es imprescindible sancionarla rápido.

Uno de los que reaccionó a los cuestionamientos radicales fue el diputado peronista Claudio Díaz, quien expresó que es “una irresponsabilidad de la UCR querer implementar la Policía Judicial en dos meses”.

Díaz informó que a fines de este mes algunos legisladores viajarán a Córdoba precisamente para verificar cómo funciona. En esa provincia la Policía Judicial se puso en vigencia hace muchos años.

El Gobierno hasta aquí sólo avanzó con la transferencia al área de la Justicia de unos 160 efectivos de Policía Científica, pero en cambio se demora el inicio de la discusión que deberá generar el marco para el funcionamiento de la fuerza especializada que estará al servicio de los fiscales.