La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó un pedido de informes cuya autoría le pertenece a un diputado justicialista, dirigido al Ministerio de Seguridad Provincial, sobre un reciente caso de torturas y apremios por parte de la Policía contra un joven en la localidad de Avellaneda, en el norte santafesino.

El pedido de informes fue elaborado por el diputado del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, y se refiere al caso del militante del Partido Obrero, Conrado Núñez quien denunció haber sido víctima de "maltratos, vejámenes y torturas por parte de personal policial, que actuó encapuchado", al momento de ser detenido el 27 de abril en la ciudad santafesina de Avellaneda.

Así lo informó a Télam el propio legislador y presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja de Santa Fe, quien dijo además que “la impunidad genera más hechos de violencia institucional”.

"El hecho de que se tratara de un militante político, y que su padre fuera un comisario retirado con cierto reconocimiento social, hizo que la situación no pasara desapercibida, a diferencias de otras ocasiones en que las víctimas no denuncian a los responsables, fundamentalmente por miedo a represalias“, subrayó Toniolli.

El diputado santafesino puso de manifiesto “la sucesión de hechos impunes de violencia institucional que atraviesa desde hace tiempo el departamento General Obligado".

Al respecto cito el caso del "juez (Virgilio) Palud, que cajonea las causas por abuso policial, un Ministerio de Seguridad que traslada personal cuestionado a otras localidades sin avanzar con sanciones administrativas, y el Senador (provincial Orfilio) Marcón, que -por ejemplo- reivindica el accionar delictivo de agentes responsables de torturas en la localidad de Florencia".

Todo eso, dijo Toniolli, "hace que se generen condiciones para la reproducción de estos hechos condenables“, apuntó.

La requisitoria dirigida al ministro de Seguridad Provincial, Raúl Lamberto, solicita información sobre las medidas administrativas tomadas con respecto al personal denunciado judicialmente, y pide que se expliquen “los motivos que justifican la actuación de agentes encapuchados en operativos de prevención”.

Asimismo, requiere información más general sobre el tema dirigida a la Secretaría de Control de Seguridad, sobre la cantidad, características y estado de actuaciones en las que haya intervenido esa cartera desde el año 2011 a la fecha, que refieran a denuncias de casos de violencia institucional que involucren a personal policial.