El proyecto de ley está incluido en el orden del día de la sesión ordinaria de hoy y contempla acciones con el Instituto de Prevención Sísmica a fin de unificar políticas y crear conciencia desde la escuela sobre la necesidad de estar preparados frente a estos fenómenos.
En los fundamentos, la diputada Susana Pantoja citó un relevamiento efectuado en Mendoza, una de las provincias de mayor riesgo sísmico, que arrojó el desconocimiento de la población en general respecto a la prevención. "Esto también ocurre en nuestra provincia, donde gran parte de ella se encuentra en una zona que tiene peligrosidad sísmica de grado 3, o sea elevada, y carece de planes integrales de prevención, por lo que la aplicación de esta ley resultaría de suma importancia para nuestros habitantes".
Tras recordar los terremotos de Chile a fines de febrero y los movimientos telúricos sentidos en Salta y Jujuy, resaltó que los especialistas han advertido que la provincia no está preparada ni organizada para enfrentar este tipo de contingencia.
Pantoja también advirtió que no existe forma de predecir con certeza y antelación estos fenómenos, pero el sano juicio "aconseja adoptar medidas preventivas tendientes a proteger de la acción sísmica tanto la vida humana como todo lo que el hombre construye para su desarrollo".
Reseñó que el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) ha elaborado un manual de prevención, que propone una guía práctica para actuar ante las emergencias con el fin de disminuir la vulnerabilidad de la población, instrumento que debería difundirse en Jujuy, destacó.
La norma nacional prevé que el programa sea aplicado en toda la zona sísmica del territorio argentino, que sitúa en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dispone asimismo la celebración de convenios entre el Instituto de Prevención Sísmica y las autoridades educativas de cada jurisdicción que así lo resuelva con el fin de uniformar políticas de prevención sísmica dentro del Programa Nacional, según facultades otorgadas por Ley Nº 19.616 y normas legales concordantes posteriores. Estos convenios tendrán como objetivos específicos el lograr que docentes, alumnos y comunidad sean capaces de adquirir conciencia de la realidad y necesidades de prevención existentes en las zonas bajo riesgo sísmico permanente; conocer las causas y efectos del hecho sísmico y las normas de comportamiento y medidas preventivas correspondientes a adoptar e internalizar las actitudes y conductas a seguir, en las situaciones de emergencia sísmica.
La ley estipula al mismo tiempo que el Instituto de Prevención Sísmica y los Ministerios de Educación de cada provincia constituirán comisiones integradas con profesionales del Instituto y docentes de cada jurisdicción, las que tendrán a su cargo la organización general de las pautas propuestas, dentro del marco de aplicación del programa.
Contempla además que las comisiones deberán confeccionar un plan operativo, en conjunto con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que defina las acciones a seguir, los procedimientos y los tiempos de aplicación correspondientes; diseñar lineamientos curriculares sobre educación para la prevención sísmica, para todos los niveles de la enseñanza, que determinen las conductas a seguir antes, durante y después del hecho sísmico; elaborar manuales de adiestramiento, documentos de información y material bibliográfico, con destino a instituciones y establecimientos educativos.
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