La Cámara de Diputados convalidó ayer a la policía paralela creada por el Procurador General, Pablo López Viñals, a través de la resolución 133.

Los diputados oficialistas votaron disciplinadamente el proyecto de ley que envió el gobernador, Juan Manuel Urtubey, para asignar funciones a un órgano cuya creación fue cuestionada por no respetar el orden jurídico. La resolución de López Viñals había sido suspendida por la Corte de Justicia ante el planteo de inconstitucionalidad que hizo el Colegio de Abogados de la provincia.

La iniciativa, que ahora pasó al Senado en revisión, considera creado de hecho el cuerpo de investigadores fiscales en la órbita de la Procuración, actualmente suspendido por un fallo de la Corte.

El proyecto desautoriza las actividades de inteligencia sin control judicial, pero cede al procurador un amplio margen de maniobra para seguir modificando leyes por resolución. Los miembros del CIF no pueden recibir denuncias ni iniciar de oficio una investigación. Sólo actuarán a requerimiento de juez o fiscal en el marco de un proceso determinado, con estricta observancia de las normas del Código Procesal Penal, sobre todo en medidas que solo pueden ser practicadas por orden judicial y en las que resulte necesaria la intervención de las partes.

Tampoco pueden realizar tareas de prevención, actividad reservada para las dependencias que integran la Policía Provincial.

Pero, el proyecto aprobado otorga amplias facultades al procurador para emitir instrucciones en aspectos no previstos en la ley.

Durante el extenso debate, desde el oficialismo se enfatizó que se incorporaron modificaciones. Las mismas “garantizan el pleno ejercicio de las garantías constitucionales en el proceso penal”, dijo el diputado titular de la comisión de Justicia, Cristóbal Cornejo (PRS).

Desde la oposición plantearon la necesidad de que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) sea creado por ley y consideraron que el proyecto debía volver a comisión para mayor análisis, iniciativa que finalmente no prosperó.

Avanzada del procurador

En su intervención, el diputado Javier David (FS), marcó que el cuerpo de investigadores forma parte de una serie de acciones que se vienen dando desde que asumió el actual procurador. Recordó que al asumir López Viñals, se envió un proyecto de reforma al Código Procesal Penal y que por ley 7562 se estableció que en vez de los jueces, los fiscales valoren si una denuncia se archiva o no. Además, se amplio de 5 a 30 días el plazo para que el fiscal pueda pedir elevación a juicio en casos de delitos leve.

David agregó que en octubre de 2009 se elevó otro pedido de reforma al CPP, que sancionó Diputados y pasó al Senado, donde se le puso freno a una pretensión.

Se aprobó incorporar más delitos al procedimiento sumario para tratar a través de fiscales correccionales, pero no se hizo lugar a la fiscalía general del fuero correccional que se quería establecer, a cargo del procurador, recordó David. “Quería crear un super fiscal general con poder para reglamentar ese órgano; se pretendía ejercer un monopolio de la acción publica penal y decidir qué se investigaba y qué no se investigaba”, enfatizó y agregó que en la cámara primó el criterio de que “sin duda había afán de imponer la visión de mayor protagonismo del fiscal y se eliminó”. Entre otras voces críticas, Guillermo Durand Cornejo (PCP), apuntó que este proyecto “cambia el paradigma de la justicia” y remarcó que no es suficiente lo que se hizo, además de destacar la necesidad de buscar más opiniones y un mayor consenso.