La Cámara de Diputados dio media sanción al estatuto de la empresa Aguas y Saneamiento Mendoza (Aysam), después de un largo debate que se prolongó durante seis horas. Las posiciones estaban claras de antemano; todos sabían qué pensaba el resto, pero el reloj corría en negociaciones de último momento que hicieron del trámite un largo expediente en el que nadie se movió un ápice de lo que pretendía.

Los votos hicieron lo que el consenso no logró y el oficialismo puede darse por satisfecho: consiguió que el directorio de la incipiente empresa que remplazará a Obras Sanitarias Mendoza tenga siete miembros, cuatro por el oficialismo, dos por la oposición y uno por los trabajadores, tal como fijó el Poder Ejecutivo en el proyecto que envió a la Legislatura.

La nueva sociedad anónima de participación estatal mayoritaria que propone Celso Jaque, que empezará a funcionar con el 90% de su capital accionario en manos del Estado y el 10% en las de los trabajadores, será tratada el martes que viene por el Senado. De aprobarse, el Gobierno se anotará una victoria política, luego de haber decidido primero la intervención y luego la estatización de OSM por mala prestación del servicio.

Durante esas seis horas de sesión, pasó de todo: desde la negativa a acompañar del Partido Demócrata, pasando por algunos encontronazos en el radicalismo, chicanas varias, humoradas y una votación que debió reconsiderarse, porque los números no daban.

Mientras en el recinto, el PJ, el Frente Cívico y los bloques más chicos debatían y marcaban postura para la versión taquigráfica de la sesión, el PD en pleno anunciaba públicamente lo que había insinuado el martes: no votarían el proyecto en discusión.

"No votamos elefantes blancos", dijo el senador Carlos Aguinaga, como frase de batalla. Es que los gansos entienden que Aysam se transformará en una empresa deficiente, que "los mendocinos sostendrán con el pago de la tarifa y con sus impuestos".

El PD unificó su postura en contra y en ambas cámaras sostendrán el no como estandarte, puesto que si bien creen que el agua tiene que estar en manos del Estado, consideran que la operación técnica tiene que estar en manos de un privado (que acceda a ese trabajo por concurso público) y que tome ganancias de los excedentes de facturación.

Por otro lado, el PD sostiene que, con el estatuto aprobado, se habilita al nuevo directorio a contratar a entre 100 y 150 empleados, "con sueldos mayores a los del promedio de la administración pública, lo que va a generar una desigualdad con el resto de los trabajadores del Estado".

Concretamente, los demócratas hacían alusión a la incorporación de personal prevista en el artículo cuatro de la ley aprobada un poco más tarde, en la que se establece un límite máximo a la contratación de nuevos trabajadores que corresponde a alrededor de tres obreros por cada mil usuarios. Actualmente OSM tiene 650 empleados aproximadamente.

Mientras los demócratas hacían pública su decisión, en el recinto legislativo seguía el debate.

Alrededor de las 14 se aprobaba el proyecto en general (con 41 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones) y quedaba la votación artículo por artículo, en la que los partidos que conforman el Frente Cívico (UCR, Confe, ARI y Unidad Popular) tenían observaciones, por lo que se pasó a un cuarto intermedio de casi una hora.

Cuando volvieron al recinto, los diputados largaron con la discusión artículo por artículo. El primero pasó sin discusión y el segundo se transformó en una sucesión de votaciones a reconsiderar (ver aparte). Es que en ese apartado se discutía la conformación del directorio de Aysam. Finalmente el PJ logró su objetivo de que sean siete los directores, con dos lugares previstos para la oposición y uno para los trabajadores. Los otros cuatro, para el Ejecutivo.

Un punto para la oposición fue la conformación de la Comisión Fiscalizadora de Aysam, que quedó en tres miembros, dos del Estado y uno de los trabajadores.

El resto de los artículos fueron pasando hasta llegar al 7, donde se fijó un límite a los salarios de los directores equivalente al 95% del sueldo del gobernador. La oposición pretendía que este límite quedara explícitamente aplicado a toda la línea gerencial de Aysam, pero no consiguió esa redacción.