La iniciativa, que tomó estado parlamentario en la segunda sesión ordinaria de 2011 y que fue derivada a comisión para su correspondiente enriquecimiento, entiende por violencia laboral las acciones y omisiones de quienes, en ocasión del ámbito o relación laboral, atenten contra la dignidad, integridad física, psicológica y social del trabajador, mediante acoso sexual, abusos, ataques, amenazas, intimidación, amedrentamiento, inequidad salarial, trato discriminatorio, maltrato físico, psicológico y social. Considera que la violencia laboral reviste especial gravedad cuando la víctima se encuentre en una situación de particular vulnerabilidad, por razón de su edad, estado de salud, inferioridad jerárquica y otra condición análoga.

Establece, por otra parte, que quedarán excluidas de este régimen la Policía de la Provincia y la Dirección General del Servicio Penitenciario.

La violencia es uno de los modos más simples utilizados por las personas para mantenerse en el poder, para ejercer supremacía, para imponer la voluntad propia ante otros, para usurpar la propiedad y las vidas ajenas. Este fenómeno conculca el derecho al trabajo, a la salud y a la seguridad, impicando una práctica palmariamente violatoria de la dignidad humana que provoca consecuencias sumamente perjudiciales sobre la integridad psíquica y física, la confianza, la autoestima y el rendimiento de las personas que lo padecen.

Este proyecto apunta a generar contextos cada vez menos propicios para el desarrollo de la violencia en el sector público, entendiendo que su erradicación solo será posible si desde diferentes ámbitos (entre los cuales el legislativo es uno de los más importantes) se impulsa acciones positivas que impidan inconductas, que conformen un cerco frente al cual la violencia tenga menos posibilidad de aparecer y extenderse. En el mundo del trabajo, la violencia se manifiesta como abuso de poder para doblegar la voluntad del otro, mediante el empleo de la fuerza física, psicológica, económica y política. En este sentido, las mujeres aparecen como las más afectaas y vulnerables a la agresión, lo que se debe a que, en su mayoría, oucpan puestos no jerárquicos o de menor calificación y aún en puestos jerárquicos no tienen poder de decisión.

También advierte el proyecto, que existe una discriminación negativa basada en el sexo, consolidada en pautas culturales de sumisión y que en el devenir histórico provocó la “naturalización” de la violencia de género. Estas pautas se producen en el ámbito laboral.

Uno de los pilares en que se sustenta el Estado de Derecho es la dignidad de la persona y el respeto por los Derechos Humanos. Nuestra Constitución Provincial, haciendo eco de estos principios, en su artículo 18, inciso 1, expresamente consagra el derecho al reconocimiento de la persona humana y su eminente dignidad, estando obligados todos los órganos del poder público a respetarla y protegerla.