Sería para el 14 de agosto, junto con las primarias, aunque podría significar un rotundo cambio en las reglas de juego. La idea es de Franja Morada y la motoriza el radical Luis Petri. Una polémica más para el debate.
La propuesta es simple, pero tiene condimentos suficientes para seguir avivando la polémica: la idea, acercada a Petri por la agrupación estudiantil universitaria Franja Morada, es realizar una consulta popular el día de las elecciones primarias abiertas obligatorias, con el propósito de dar sustento al voto de los legisladores.
La idea ronda la cabeza de Petri desde hace varios días. Era motivo de charlas informales, incluso con periodistas. La manifestación terminó por convencer al radical de que era una buena salida para los legisladores, acusados por los manifestantes de no escuchar a los que se oponen a la explotación minera en Uspallata.
Ayer, cuando la propuesta tomó forma de proyecto de ley y el texto comenzó a circular entre los diputados, se empezaron a sumar firmas de compañeros de bloque, e incluso de otros bloques unipersonales, como Néstor Piedrafita (ARI), Patricia Gutiérrez (Unidad Popular) y Ricardo Puga (PIM).
Hasta la tarde de ayer, a estas tres firmas se suman las de los radicales Alejandro Molero (legislador que fue sancionado por decir "billetera mata galán" cuando se refería a la votación del proyecto minero de sales de potasio en Malargüe); Roberto Infante, Edgardo Pintos, Daniel Di Martino, Teresa Maza, Alejandro Limas, Fernando Barrigón, Omar de Miguel, Humberto Montenegro, Florinda Seoane y Marta Yazenco.
La llegada de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a la Legislatura, que debe ser ratificada por ambas Cámaras, trajo una discusión caliente a la Casa de las Leyes. Es un tema que divide aguas, despierta pasiones y siempre está marcado por una sombra de sospecha.
"El interés que genera el proyecto, las consecuencias sociales, económicas y ambientales que el emprendimiento supone, obligan, a quienes tenemos la responsabilidad de decidir sobre su concreción, a realizar un pormenorizado estudio e impulsar un fuerte debate antes de tomar una decisión.
Pero, además, es imperioso votar tomando en cuenta el sentir y pensar del pueblo de Mendoza. Creo que tienen que ser los propios mendocinos los que definamos el perfil de la provincia que queremos tener", dice Petri en los fundamentos de su proyecto de ley.
Cuidadoso, el diputado sabe que no puede hacer una consulta vinculante, esto es un referéndum, porque la provincia podría ser demandada por la empresa, al violentar derechos adquiridos. Por eso es que apela a la figura de la consulta popular no vinculante. De esta forma, el resultado de la elección por sí o por no, será una muestra acabada de la aceptación o rechazo del proyecto entre los mendocinos.
"Si queremos una provincia minera o si, por el contrario, rechazamos la actividad como modelo productivo para todos los mendocinos, para hoy y para mañana, para nuestros hijos y nietos ¿qué mejor que esa manifestación se exprese en las urnas y esa voluntad popular se transforme en mandato ético de cumplimiento ineludible a la hora de votar la ratificación o no del proyecto San Jorge"?, dice.
El peso y los interrogantes
Petri señala que "pesa sobre nuestras espaldas una decisión con un fuerte impacto presente, pero también futuro, por lo que debe contar con la mayor de las legitimidades y ésta sólo se obtiene con el voto popular".
La pregunta del millón es ¿cuál será el efecto político que la consulta popular tendrá? A nadie escapa el hecho de que además de las campañas que encararán los candidatos a cargos nacionales que compitan el 14 de agosto en la interna abierta obligatoria, se sumarán las acciones comunicacionales de quienes apoyan o rechazan la explotación minera metalífera al norte de la villa de Uspallata. Este interrogante suma otro: ¿Habrá partidos que se encolumnen detrás de una u otra opción?
Hay otra pregunta que flota: El bando que pierda ¿aceptará la decisión de las urnas?
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